Celaya, Gto. La doctora Ligia Arce Padilla, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número III con sede en Celaya, es acusada de malos tratos, amenazas, actos déspotas y humillaciones hacia el personal que tiene a su cargo.
La causación está sentando en una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), bajo el expediente 111/16-C, interpuesta por escrito el 21 de junio por Karina Reyna, quien se desempeñaba como directora del Hospital Comunitario del municipio de Comonfort.
La PDHEG informó que dicha queja ya está en análisis e investigación correspondiente.
En el escrito señalan que la doctora Arce Padilla no cumple con sus funciones, ya que no asiste en su lugar de trabajo.
De la misma manera, en el escrito que se mandó a los medios se afirma que la doctora Reyna fue amenazada y sentenciada a las consecuencias, de no firmar su renuncia voluntaria.
Con respecto a los audios, el primero con una duración de 17 minutos, se escucha cuando la doctora Karina, quien fungía como directora del Hospital Comunitario de Comonfort, era notificada de su despido, por una persona identificada como el licenciado Miranda, quien iba en representación de la Dirección de Recursos Humanos.
En un segundo audio, se escucha que la afectada dialoga con otra persona a quien le pide que le dé un mes o 15 días, ya que es muy complicado firmar la renuncia, ya que es lo único que pide en ese momento, minutos más tarde se escucha llorar y le pide y suplica al doctor que le dé los 15 días para pensar si firma su renuncia voluntaria ya que quiere saber si el secretario la quiere quitar de su cargo.
El hombre con quien platica, a quien llama doctor, le hace saber a Karina que su despido es porque alguien “la odia”.
Sector salud acumula quejas por abusos de autoridad
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato continúa con la investigación de otro caso en la misma dependencia, específicamente en el Laboratorio Estatal de Salud, ya que su titular, María del Rosario Sánchez Navarro, fue acusada de hostigar a periodistas, por su negativa de permitir tomar fotografías o dar entrevistas, y también por discriminación a sus subordinados.
Pese a que la PDHEG propuso una conciliación entre la funcionaria y los periodistas, no se pudo llevar a cabo.
