Como señaló el dirigente perredista Miguel Alonso Raya, con tanta ironía como tino, la contienda electoral del 2012 ya inició con toda formalidad y su primera etapa ocurre en los tribunales y en medio de una andanada de litigios.
Este viernes 18 de marzo, el Tribunal Estatal Electoral emitió la resolución sobre el recurso de revocación presentado por el dirigente panista Fernando Torres Graciano, donde validó su inconformidad sobre las medidas dictadas a su partido para frenar el activismo preelectoral de algunos de sus militantes.
Pero, además, el titular de la Cuarta Sala Unitaria del TEEG, Héctor René García Ruiz, fue más allá al englobar en su resolutivo el acuerdo del 2 de febrero de este año del Consejo general del IEEG, donde se dictaron medidas precautorias a las actividades de seis aspirantes a la candidatura del PAN a gobernador, a las cuales el magistrado calificó de “ilegales”.
El tema tiene varias aristas, relevantes todas, que incidirán en la evolución del adelantado proceso de sucesión gubernamental, el cual ahora ya no sólo involucra a militantes aislados, sino a partidos políticos y, también, a la propia autoridad electoral y la instancia jurisdiccional local en la materia.
Así, por ejemplo, el gobernante PAN y la primera oposición, el PRI, los principales partidos políticos de la entidad, se encuentran enzarzados en el litigio como demandados y demandantes, faltando ahora que se resuelva el reclamo del blanquiazul contra los adelantados tricolores.
De momento, el Consejo General del IEEG también forma parte de la batalla jurídica al ir en su contra el resolutivo del Tribunal y abrirse la posibilidad de recurrir, por parte de los originales denunciantes, a la justicia federal, elevando de nivel una disputa jurídica que ya no sería sólo entre el PAN y la oposición, sino que involucraría también al IIEG.
Falta esperar lo que resulta de las decisiones en contra de los precandidatos priistas, quienes también pueden apelar a la instancia estatal en contra del Instituto Electoral.
En esta madeja de confrontaciones jurídicas, lo único que queda en claro es que la realidad parece haber rebasado los marcos legales, sin que se vea en el horizonte la más mínima posibilidad de una reforma electoral consensuada que regrese las aguas a su cauce.
La situación camina por los bordes de una crisis de legalidad, más amenazante por ocurrir en un proceso que resulta fundamental para la buena conducción de la sociedad: la certeza en la elección de los gobernantes.
Ahora, los acontecimientos avanzan en dos pistas: por un lado, la de los asuntos cotidianos, donde por lo pronto podrán continuar las acciones de proselitismo adelantado de los aspirantes panistas a la candidatura a gobernador y, si la lógica impera, también las de los priistas y quienes se sumen; por otra parte, la de los tribunales jurisdiccionales, con su encadenamiento de recursos, donde lo más delicado sería que a las denuncias entre partidos se sumen las del propio órgano electoral.
No parece ser éste el escenario de crecimiento democrático que se previó cuando se lograron los extraordinarios avances de los años 90 del siglo pasado para arrancar el control del proceso electoral de manos de la autoridad gubernamental.
Más lamentable aún es lo que se encuentra en la raíz de esta nueva protocrisis de legitimidad en los asuntos electorales, una asignatura que no terminamos de aprobar como sociedad y que sigue siendo fuente de sobresaltos: las ambiciones personales de un conjunto de individuos que ni siquiera representan corrientes políticas bien fundamentadas, a quienes no les importa eludir normas en sus propios partidos y que sólo ofrecen como plan político sus particulares apetitos de poder.
Fernando Torres Graciano le dio una lección a su antiguo protegido Jesús Badillo, mostrándole donde está el poder y de paso debilitando más al IEEG; el presidente de este órgano, por su parte, contribuyó a la crisis al tratar de resolver con soberbia jurídica el problema de los adelantados, sin prever consecuencias. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
De todo esto, sólo queda en claro que nadie gana y quien más pierde es una sociedad que padece a sus políticos no como gestores de soluciones sino como reproductores de conflictos.
