Si Juan Manuel Oliva hubiese mostrado la misma determinación para exigirle a Rubí Laura López, alcaldesa de Celaya, el cese de su jefe de policía, que la mostrada para forzar a los alcaldes consejeros del PAN a cambiar su voto del próximo 25 de junio, quizá no se estarían lamentando hechos como los de este jueves, donde un policía ministerial y dos civiles perdieron la vida en pleno centro de la ciudad más insegura de Guanajuato.
El gabinete de seguridad en pleno mantiene la certeza de que Martín Rodríguez Olvera ejerce un imperio de corrupción y complicidad con grupos de la delincuencia organizada de fuera del estado. La mayor acción realizada en ese sentido ha sido la de pedirle a la alcaldesa de Celaya que tome las medidas que considere pertinentes.
Sobra decir que la medida más oportuna que ha encontrado la funcionaria es la de cambiar su domicilio a Querétaro, como ya se rumora en todo Celaya.
Fue necesaria la violencia de un ataque homicida y la incontestable flagrancia de la ausencia policial en el primer cuadro de Celaya durante y después de los hechos, para que el procurador Carlos Zamarripa ordenara la comparecencia de Rodríguez Olvera en la indagatoria judicial, en calidad de “presentado.”
Desde luego, Rubí Laura tiene el magnífico pretexto de que el reclamo de actuar contra su colaborador nunca le ha sido expresado por Oliva de viva voz, sino que se lo manda decir a través de terceros, como el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana.
En cambio, Oliva no se ha andado por las ramas en la ardua tarea que se ha impuesto de meter en cintura al consejo estatal del PAN, para aplastar la rebelión de sus hijos pródigos en el PAN y devolverle el control del partido al Yunque.
El gobernador parece querer mostrar que el tiempo no ha cansado su brazo y que, si se empeña en algo, lo consigue a cómo de lugar. Allí sí, se acabaron los intermediarios, el gobernador opera directamente y sin ambages.
De manera que, “no se hagan bolas”, hay prioridades.
