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sábado, mayo 15, 2021

Que siempre no

Desde hace algunos meses se discute en el Poder Legislativo la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que viene a ser consecuencia de la última reforma constitucional en esa materia.

La iniciativa había sido precisamente el resultado de los acuerdos entre los partidos políticos representados, especialmente en el Senado. Sin embargo, recientemente se han prendido focos de alerta ante lo que parece un intento de dar marcha atrás sobre aspectos torales de la misma.

De ellos recojo los que me parecen más relevantes:

  1. Se pretende eliminar la “prueba de daño”, un elemento trascendental que obliga a la autoridad a demostrar que entregar la información solicitada causaría un daño mayor que reservarla.
  1. Se busca eliminar la obligación de los funcionarios públicos de documentar el desempeño de su trabajo.
  1. Las modificaciones causarían que no se reconozca la jerarquía de esa ley, sobre otras que tratan estas materias.
  1. Hay quien asegura que se pretenden eliminar las obligaciones de transparencia y, por ende, impedir el acceso a la información respecto de Pemex y CFE.  Ello implicaría un gravísimo retroceso, pues lejos de incluir más sujetos obligados, parece que se busca reducirlos, quitando a dos empresas estatales que centran graves sospechas de corrupción y una gran opacidad. De ser cierto este dato coincidiría con el proceso de reforma energética que vive el país, que es cuando más habría que transparentar la actividad de estas paraestatales.  Debo comentar que en relación a la veracidad de este punto tengo fuertes dudas tras la declaración hecha por el comisionado del Ifai, Óscar Guerra Ford en el programa nocturno de Carmen Aristegui.
  1. Todo parece indicar que se estarían eliminando los Comités de Transparencia de los órganos federales.  Al hacerlo se quitaría la pluralidad en la toma de esas decisiones, centralizando las mismas.
  1. No se regula adecuadamente a los fideicomisos, continuando así con la opacidad que los ha caracterizado.
  1. Un tema de especial gravedad es que se busca ampliar los plazos de reserva.
  1. No se reconoce como obligación de transparencia la publicación de las declaraciones patrimoniales. Esto es, se pierde una oportunidad histórica de regular las mismas y de obligar a su publicidad, como es una demanda constante de la población.
  1. Se propone ahora sancionar a los órganos garantes en los casos en los que el gobierno estime que alguna resolución emitida por éstos ha causado daño, lo que sin duda tiende a inhibir el desempeño de los integrantes de los mismos. Por donde se vea constituye una clara amenaza a dichos funcionarios.

Algo que llama especialmente la atención es la poca transparencia en este proceso de debate, pues ni siquiera se conocen a detalle los puntos considerados en el mismo, ni tampoco quien o quienes los están promoviendo.

Como respuesta, el Ifai ha hecho pública su postura, que se resume en 10 puntos de la mayor relevancia, la cual ha sido presentada ante los senadores.

Tal parece que alguien está pretendiendo, desde la ley secundaria, dar marcha atrás a la reforma constitucional.  Quien quiera que sea, está atentando contra la democracia.

Twitter:  @r_izaguirre

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