En una audiencia que duró 10 minutos, el agente del Ministerio Público en Ciudad Juárez se desistió de la acusación en contra de Ana Isela Martínez Amaya, argumentando que no podía probar que haya actuado con dolo. Martínez es la profesora cuyo auto fue ‘cargado’ con droga por narcotraficantes y detenida al ingresar a la Línea Exprés del puente Lerdo.
Sin embargo, Miss Ana deberá permanecer encarcelada hasta que esa decisión sea ratificada por la procuradora General de la República, Marisela Morales, trámite que podría durar desde algunas horas hasta días.
Mientras, la profesora será enviada de nuevo al Cereso, donde ha permanecido por casi un mes y medio.
No obstante, sus representantes legales comenzaron de inmediato el papeleo para que pueda ser excarcelada, ya que es necesario notificar a las partes, realizar los acuerdos de ley, notificar a las autoridades del Cereso y, finalmente, liberarla.
El caso de Miss Ana tomó notoriedad desde que fue arrestada dado que sus familiares y amistades iniciaron una campaña para respaldar su solvencia moral, luego de que ha sido una ciudadana responsable y una sólida profesionista que llevaba una vida normal.
La versión de sus seres queridos quedó cimentada cuando se dio a conocer de forma pública que a través de una investigación hecha en El Paso por agencias federales, se había logrado la identificación y ubicación de Jesús o Jesee Chávez y de Carlos Gómez como los líderes de una banda que “cargaba” marihuana en cajuelas de vehículos de fronterizos que cruzaban de forma constante a El Paso, principalmente por la Línea Exprés.
El primero se encuentra preso, mientras que el segundo logró darse a la fuga durante un operativo para su captura.
En conversaciones que Gómez sostuvo con un infiltrado que trabajaba para las autoridades, habló de que escogieron a Martínez Amaya porque durante todo un año fue puntual a la hora de cruzar a El Paso.
La versión está contenida en una declaración que está en manos de la Corte de Distrito Oeste con sede en El Paso.
El documento explica que Chávez y Gómez pagaban vigilantes, que típicamente eran adolescentes, para ubicar a médicos, trabajadores de hospitales y estudiantes que utilizan la Línea Exprés bajo un horario regular, principalmente por el puente de la calle Stanton.
Una vez que los vigilantes ubicaban a los vehículos “blanco”, obtenían el número de identificación vehicular, serie que era entregada a los acusados.
Se indica que los sospechosos utilizaron hasta localizadores satelitales para estudiar el movimiento de los vehículos en Ciudad Juárez y El Paso.
Ya con el número vehicular de identificación en su poder, los hombres acudían a una cerrajería especializada que se ubica del lado norteamericano, cuya ubicación y nombre no fueron dados a conocer, donde obtenían un par de copias de las llaves del automotor en cuestión.
Chávez y Gómez se quedaban con una de las reproducciones, mientras que la otra era proporcionada a sus cómplices en Ciudad Juárez, quienes se encargaban de “sembrar” durante la noche generalmente dos bolsas con aproximadamente 160 libras (72.5 kilos) de marihuana en el vehículo escogido.
Cada bolsa era asegurada con corbatas de plástico para prevenir que se abrieran, se cita en el documento.
A la mañana siguiente, después de que el vehículo “cargado” arribaba a los lugares de trabajo o las escuelas de sus conductores, Chávez y Gómez utilizaban sus copias para sacar la droga.
Aunque los resultados de esta investigación no forman parte del expediente, ya que se dieron a conocer después de que terminó la exposición de pruebas, Urbina Quiroz los mencionó en la audiencia final como pruebas supervinientes, es decir, que fueron apenas descubiertas.
Con información de agencias.
