Aunque María Bárbara Botello Santibañez sostiene que el gobierno estatal la espió, su versión se cae ante una serie de documentos en poder de Zona Franca y que fueron elaborados en la Secretaría de Seguridad Pública donde de manera expresa, dice que el seguimiento que se le hizo es porque ella lo solicitó. Ahora asegura que la espiaron.
Por la mañana del miércoles la priista se comunicó con varios reporteros para aclarar que sí pidió protección al estado, pero aseguró que fue en enero de 2007 y que, los supuestos reportes de inteligencia, tienen fecha de abril del mismo año.
Y sí. El 30 de abril de 2007 se giró la orden de custodia para la entonces diputada local del PRI pues ella misma lo solicitó según consta en el oficio emitido por Juan Martín Andrade Juárez, director general de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde le fueron asignados dos escoltas equipados con un radio localizador y un vehículo.
Para enero de 2007 cuando, según Botello Santibañez solicitó protección, se encontraba en España. Las hemerotecas incluso dan cuenta del curso al que acudió a Salamanca, España, en compañía del también legislador Amador Rodríguez Leyaristi.
En ese país permanecieron ambos por lo menos del 6 al 25 de enero de 2007; Botello Santibañez hizo correr la versión que en esos días había pedido la protección y custodia del estado porque temía por su vida.
INSOSTENIBLE INTRIGA
No obstante, lo que la obligó a pedir protección del estado, según le contó a sus compañeros de partido, era la posible reacción violenta tras la denuncia penal que interpuso contra quien resultara responsable por daños y defraudación a su partido. Sutilmente se señaló a Wintilo Vega, Alejandro Arias, Antonino Lemus y Felipe González. Ese mismo mes se le asignó custodia.
“Se tiene la solicitud del Partido Revolucionario Institucional para brindar protección personal a (Bárbara Botello y Miguel Ángel Chico, se dice en documentos por separado aunque de la misma fecha) debido a posibles actos delincuenciales en su contra” se lee en un documento oficial en poder de Zona Franca. La misma misión se detalla en días subsecuentes que coinciden con la bitácora de los mismos elementos asignados a protegerla y que ella pidió.
La misión era “brindar seguridad personal y prever cualquier acto delincuencial en su contra”, sostienen los documentos oficiales que coinciden con los documentos con los que Botello Santibañez hizo creer a un diario local, que la espiaban.
Zona Franca pidió la versión de la abogada leonesa para que fuera ella quien confirmara o negara la versión gubernamental, pero no quiso aunque hizo correr la versión de que fue en enero cuando pidió la protección y sostuvo, aún con la documental, que el gobierno estatal hurgó en su privacidad.
Quien sí aceptó la llamada fue Miguel Ángel Chico Herrera y dijo que así como al alcalde Ricardo Sheffield (quien el martes declaró que también lo espiaban), fue sujeto de violación a su intimidad. Los documentos sostienen que él también era protegido por policías.
Más allá de que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados local enmendara la plana o recordara que pidió que lo cuidaran, sostuvo que fue objeto de espionaje aunque, del 27 de abril al 07 de mayo de 2007, solicitó de manera expresa que lo protegieran ya que estaba temeroso de que algún delincuente le hiciera daño.
Con información de Carlota Vázquez y Gisela Chavolla.
