Todos los días aparecen informaciones que revelan el maltrecho estado de la seguridad en Guanajuato.
Frente a la avalancha de la realidad, con su incremento de homicidios violentos, ejecuciones sanguinarias, atentados en zonas concurridas y a cualquier hora del día, evidencias de que se manipula la información o se oculta sin recato, las autoridades no pueden más que presumir pálidos logros: una certificación sin chiste aquí, una captura sin trascendencia allá.
Esa situación detonó críticas antes, durante y después de las campañas políticas y quizá algo tuvo que ver en el crecimiento del voto opositor al gobernante PAN, sobre todo en la elección presidencial; quizá también fue factor en derrotas sorpresivas para ese partido como la de Salamanca.
La situación, aunque no pasó a mayores y permitió que políticos con una pésima gestión de la seguridad incluso se reeligieran en algunos municipios del estado, obligó al candidato a la gubernatura del oficialismo a ofrecer cambios, mediante le eufemística frase del “golpe de timón” o del cambio en la estrategia.
Desde luego, Diego Sinhue Rodríguez nunca fue enfático en prometer una limpia de las áreas de seguridad, en realidad evitó explícitamente hacerlo y dejó correr la versión, que se acrecienta hoy, de que no tiene manera, no quiere o no puede relevar a funcionarios como Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca.
Ahora que ya es gobernador electo el asunto va quedando cada vez más claro y parece que la única complicación que tiene Sinhue es la de elegir el tiempo y el modo en que anunciará que esos dos funcionarios, ejemplos claros de fracaso en la gestión de una seguridad aceptable, se quedan en su puesto para intentar hacer ahora sí lo que no han podido hacer en más de un sexenio.
Forzado por el ritmo del cambio nacional, acelerado por el triunfo de un movimiento opositor, Sinhue debió adelantar algunos de los nombramientos de su gabinete, destacando el del secretario de gobierno en la figura de un experimentado cuadro panista de trayectoria intachable.
Hoy, la designación de Luis Ernesto Ayala está sirviendo para recargar en él la no muy lejana decisión de ratificar a Carlos Zamarripa y, posiblemente, a Cabeza de Vaca también, evitándole desgaste al gobernador electo, en una equivocada y retorcida estrategia que no va a funcionar, si no comienza a mejorar con celeridad la situación de violencia que vive la mayor parte de la entidad.
La margarita aún está siendo deshojada, pero ese es uno de los escenarios más probables. Lo cierto es que la resolución al acertijo de la inseguridad más que una prioridad o un compromiso parece estar convertida en el peor dolor de cabeza para el joven gobernador electo, quien está tomando decisiones con una matriz demasiado compleja.
Ahí juegan, por ejemplo, situaciones aparentemente de índole privada como lo fue la venta de la empresa Manufacturera de Calzado San Diego, propiedad de Luis Ernesto Ayala, al empresario Francisco Isidro González Espejel, cercanísimo a Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, a un precio inmejorable que difícilmente hubiera pagado otro interesado.
O situaciones como la promesa de adquirir el sistema de monitoreo de seguridad propiedad de Carlos Medina Plascencia, otrora feroz crítico del dúo dinámico y quien probablemente saldrá a aplaudir el golpe de timón que incluirá un jugoso negocio para su firma.
Sin embargo, el arreglo en la cúpula panista a satisfacción de todos los interesados, incluyendo el gobernador saliente, el entrante y los disidentes de ambos, puede no ir muy lejos si esos acuerdos solventados con el beneficio del dinero público no resuelven de fondo la descomposición de la inseguridad, la cual está muy lejos de los juegos de mesa en la cúpula.
Es más, visto el escenario nacional, muy probablemente esos amarres operen en sentido contrario.
