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lunes, enero 18, 2021

Señalan a senador Villareal de tejer corrupción en SMA

Ricardo Villareal

Bajo el  amparo de un tejido político que construyó desde San Miguel Allende y con la presión que ejercen abogados como Miguelangel García Domínguez, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el período de Vicente Fox, el senador panista Luis Alberto Villareal García, habría construido una red de corrupción inmobiliaria en la que estarían involucrados sus familiares.

Este miércoles los diarios capitalinos El Financiero, Milenio y La Crónica, dedican espacios de opinión donde los columnistas Rogelio Varela, Roberto Aguilar y Julio Brito, respectivamente, dan cuenta del entramado que construyó Villareal García cuyo hermano, Ricardo, forma parte de uno de los bufetes jurídicos de San Miguel Allende con mayor influencia en la región.

Y no es para menos, otro de los socios en el despacho de Villareal es Iñaki García Goirycelaya, tío del político panista. A través de ese despacho, a decir de los articulistas, se han gestado las transacciones inmobiliarias que fueron favorecidas por el senador cuando fue alcalde entre 2003 y 2006 en aquel municipio.

JUECES A MODO

Todo empezó por el litigio entre los empresarios, el lagunero Óscar Carlos Gutiérrez del Bosque y el estadunidense Richard Bernard Leet, ambos habrían adquirido un terreno para construir un lujoso circuito habitacional en un campo de golf bajo la marca de Jack Nikclaus en un predio conocido como “Las Puertas”. Para entonces Luis Alberto Villareal era alcalde de San Miguel Allende.

Leet consiguió la defensa del despacho de Iñaki García Goirycelaya, a su vez hijo del ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que atendiera el caso que, revivió este lunes en la prensa capitalina donde se señala a través de ese despacho, donde también trabaja el hermano del senador Luis Alberto Villareal se pretende “consumar un fraude cercano a los 15 millones de dólares”.

Sigue: “el juicio del rancho Las Puertas de San Miguel Allende, comenzó en septiembre de 2002 y después de más de ocho años, no ha podido concluir por el tráfico de influencias de los abogados de Richard Leet, quienes han  utilizado a jueces y a los contactos de Miguelangel García Domínguez, para frenar el proceso”.

Entre los miembros del Poder Judicial “participantes en ese despojo se encuentra la juez Violeta Meneses Molina y la juez María Guadalupe Carrera. La primera ha utilizado documentos apócrifos para defender a Leet como si fuera su abogada”.

Rogelio Varela, de El Financiero, sostiene “después de recursar a los jueces de San Miguel Allende, donde se ha comprobado su relación de complicidad con los abogados y políticos de Leet, los inversionistas de Torreón lograron remitir el juicio a Comonfort” donde fue dictada en primera instancia la resolución en contra del cliente de los Villareal García.

Pero “de inmediato movilizaron se movilizaron ex presidente del Tribunal de Justicia de Guanajuato y el senador Luis Alberto Villareal para cambiar al juez y, poner en su lugar, a María Guadalupe Carrera Tamayo, esposa de Francisco Agustín Mendoza González, a su vez empleado del tío de Villareal, Iñaky García.

Los inversionistas, originarios de Torreón, se menciona en las publicaciones, han buscado la manera de que se evite la intervención de García Domínguez en el tema y se nombre a un juez imparcial, pero, sostienen, la red de complicidades que se teje desde San Miguel Allende, es basta, tanto que ha alcanzado para que los juicios, todos ellos, sean contra el inversionista estadunidense.

QUE INVESTIGUE PGR

Rogelio Varela involucra, incluso, a las autoridades estatales a quienes considera que su ausencia ha permitido el crecimiento de la ilegalidad que “comienza a impactar a los negocios inmobiliarios” en la entidad. Y va más allá.

“Uno de los retos que tienen Marisela Morales Ibáñez, nueva procuradora General de la República (PGR) y Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los abusos de autoridad” que se cometen en el país, y describe “una es la que ocurre en San Miguel Allende, donde políticos, jueces y abogados, controlan todo tipo de operaciones de compraventa de prioridades, amén de la distribución de servicios públicos formales a grupos informales que lo mismo sirven para amedrentar”.

El artículo va fuerte: “entre los líderes de esa mafia están en senador Luis Alberto Villareal García y Miguel Ángel García Domínguez (sic). Ambos operan por medio de abogados como Iñaky García quien, incluso, tuvo que salir de San Miguel por un tiempo”.

La historia, dicen los diarios, seguirá y dará para más.

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