Sólo se logra seguir en Estados Unidos ocho por ciento de las solicitudes mexicanas de rastreo de armas ilegales debido a fallos en la información que autoridades mexicanas proporcionan, esto según un análisis realizado para Programa México del Centro Woodrow Wilson.
El documento hace incapié en que los gobiernos de México y Estados Unidos deben mejorar su cooperación e intercambio de datos sobre armas.
“Pese al incremento en las brutales tácticas de los grupos de crimen organizado y algunos nuevos esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos y México, ambos gobiernos se han movido con lentitud o han dejado de actuar sobre retos clave previamente identificados para enfrentar más efectivamemte el tráfico de armas de fuego de EU hacia México”, precisó.
El gobierno mexicano, subraya el texto, “aun debe mejorar significativamente la calidad, cantidad y oportunidad de sus peticiones de seguimiento de armas de fuego a EU, que son clave para ayudar a que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF, por sus siglas en inglés) desarrolle tendencias del tráfico de armas y descubra a los individuos involucrados”.
Según el reporte, en mayo de 2010, la BATF tenía alguna información sobre armas recuperadas en México, pero de las 69 mil 908 que las autoridades mexicanas habían decomisado hasta esa fecha, sólo se podía actuar en el ocho por ciento debido a falta de datos en la petición o porque fueron adquiridas hace más de cinco años.
A su vez, el gobierno estadunidense enfrenta “sustanciales retos”, particularmente en lo que se refiere a la identificación de traficantes y convencer a los fiscales federales de aceptar más casos criminales relacionados con el tráfico de armas a México.
Según el analista, lo que podría ser aun más preocupante para el gobierno mexicano es el fracaso del operativo Rápido y Furioso, que según la descripción del analista “permitió que cientos de armas fueran vendidas a potencialmente conocidos traficantes como forma de construir casos más atractivos para los fiscales y la BATF no informó al gobierno mexicano”.
Entre las acciones para mejorar el proceso de rastreo se encuentran:
1) Un mejor sistema de notificaciones sobre armas por parte de las autoridades mexicanas, que a veces escriben hasta cinco reportes y peticiones diferentes a partir de la Secretaría de Defensa (Sedena), de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y dependencias dependientes de ellas.
2) Celeridad de ambas partes: Las autoriades mexicanas se tardan hasta un año en enviar las peticiones y que tantas como un 26 por ciento de las solicitudes de rastreo son inútiles por errores en la enumeración de serie o falta de otros datos. Pero al mismo tiempo, las autoridades estadunidenses “han sido lentas o han fracasado en la resolución de temas claves que ayudarían grandemente a que la policía identifique mejor a los traficantes de armas hacia México y mejore el número y la severidad de los casos de persecución (judicial)”.
Con información de agencias.
