Costa Rica vive una resistencia ciudadana contra carteles de las drogas, especialmente mexicanos. Autoridades y organizaciones civiles temen que el país quede atrapado en su guerra por el control de las rutas de narcotráfico, un escenario al que difícilmente podrían responder.
Los índices de violencia aumentaron, especialmente los homicidios vinculados con venganzas de la delincuencia organizada.
Es un escenario que los costarricenses no parecen dispuestos a tolerar. En redes sociales o manifestaciones callejeras los ciudadanos expresan su rechazo a lo que llaman invasión de los carteles.
Una situación que, reconocen las autoridades, pone en riesgo la tranquilidad que Costa Rica ha tenido desde hace varias décadas.
Álvaro Montoya, fiscal de Narcotráfico, dice que hay miedo de que los narcotraficantes importen la violencia que viven México, Colombia o Guatemala.
Para enfrentar este riesgo, insiste, el país sólo cuenta con la policía “bastante profesional, pero policía al fin”, porque Costa Rica no tiene ejército.
“Nos preocupa que vengan grupos de México a imponerse con violencia como lo han hecho en México o Guatemala, y sabemos que la capacidad de respuesta de nosotros sería muy deficitaria, probablemente”, reconoce.
La rebelión ciudadana contra los traficantes no nació por generación espontánea.
Hasta hace una década, los narcotraficantes que más visitaban Costa Rica eran originarios de Colombia.
Pero desde 2004 empezó a notarse una presencia creciente de mexicanos que organizaban operaciones de embarque de drogas, o bien creaban empresas fantasma para lavar el dinero del narcotráfico, dice el fiscal Montoya.
Con ellos aparecieron otras secuelas. Decenas de homicidios violentos ocurrieron en carreteras hacia las costas, en barrios pobres de la capital o en poblados fronterizos.
Un escenario pocas veces visto en Costa Rica, que encendió alarmas en las autoridades, pero sobre todo en los medios locales y después en los ciudadanos.
La gota que derramó el vaso ocurrió recientemente en algunos barrios populares al norte de San José, la capital de Costa Rica.
El Tribunal Penal de Pavas ordenó que dos presuntos narcotraficantes mexicanos permanecieran en arresto domiciliario mientras se desahogaba su juicio, un derecho que permite la ley costarricense en los casos en proceso de investigación.
Los vecinos los barrios donde serían ubicados los detenidos, como Guadalupe en el municipio de Goicochea, cerraron las calles de la zona y se encadenaron a varias casas para impedir la reubicación de los mexicanos.
La Fiscalía intentó albergarlos en otro sitio, pero ocurrió lo mismo. Al final, los presuntos narcotraficantes se quedaron en prisión porque su abogado pretendió cambiar el testimonio de uno de los policías que les detuvo.
La rebelión ciudadana no se quedó en los barrios. En Facebook se creó el sitio “Resistencia Cívica al Narcotráfico”, donde los costarricenses expresan su rechazo a los carteles de la droga.
Frases como “fuera la basura” o “sigamos luchando por nuestros nietos”, son comunes en el portal del grupo.
El analista Manuel Rojas dice que a diferencia de otros países, en Costa Rica hay una barrera del Estado contra los carteles, a lo que se suma la costumbre de los ciudadanos a vivir en paz.
“Hay presencia estatal en puestos de salud, escuelas, que no permiten que los narcotraficantes funcionen como grupos benefactores”, dice.
Y es que en regiones de México o Guatemala los carteles suplen a las autoridades, algo que podría ocurrir en Costa Rica, reconoce el analista. El país, insiste, no está a salvo.
“El 21% de la población es pobre y en algunas zonas sube al 40%”, explica. “Es una población vulnerable que no sólo puede ser comprada, sino aterrorizada”, advierte el Rojas.
Con información de BBC
