En un extenso manifiesto público, que toca la mayoría de los temas relacionados con la detención de 150 elementos, entre policías y civiles, de la administración municipal de Acámbaro, el secretariado estatal del PRD no hace ninguna alusión a la consignación, bajo cargos federales, del jefe de seguridad pública en ese municipio. 
Pedro Gutiérrez Ávila aceptó, de acuerdo con el procurador Carlos Zamarripa y el delegado de la PGR, Martín Levario, que sus actividades favorecían a la organización delictiva denominada “la familia michoacana”.
Producto de esa confesión, fue consignado ante el Ministerio Público Federal, junto con su subdirector.
Esa parte de la historia no ha merecido un sólo comentario del PRD ni de su alcalde en Acámbaro, Gerardo Silva. Como si el hecho no existiera, ni se le ha defendido, ni se ha dado la cara ante la población por una designación que, por lo menos hasta ahora, es polémica.
Los perredistas están en su derecho de inconformarse ante lo que consideran una agresión política, pero será difícil que esa pueda ser una buena línea de defensa ante sus ciudadanos, sobre todo si se confirman las sospechas sobre el funcionario escogido por Silva para resguardar a los acambarenses.
¿Continuará la apuesta?
