El escándalo surgido a raíz del reportaje publicado por Carmen Aristegui, en el que se muestra la mansión de alrededor de 86 millones de pesos propiedad de la esposa del presidente del país, me lleva a reiterar que entre otras muchas y urgentes cosas, lo que necesita este país es más transparencia y una mejor rendición de cuentas.
Como se ha dicho en diversos momentos, la esposa del presidente no está sujeta a la obligación legal de rendir una declaración patrimonial, por no ser funcionaria pública, y su patrimonio sólo se reporta a la Secretaría de la Función Pública -en ciertos casos- a través de la declaración que rinde su cónyuge.
Más allá de ese alcance legal o de la discusión sobre si la declaración patrimonial debe ser considerada como una serie de datos personales de quien la hace y de sus dependientes, lo cierto es que esa normatividad no alcanzó para explicar cómo es que se adquirieron esos inmuebles, ni tampoco la relación con la empresa que aparece actualmente en los datos registrales como propietaria.
Faltó transparencia, con la que hay no alcanzó. Alegar que la ley no obliga a desvelar el origen de los recursos de la esposa del presidente, y que no está obligada a rendir ese tipo de declaración, sólo generó más suspicacias.
Al final de cuentas, tuvo que ser la propia Angélica Rivera quien saliera a explicar, o por lo menos a intentar hacerlo, cómo es que se hizo de cada una de las propiedades involucradas, los ingresos que tuvo, los impuestos que pagó y algunas características de los contratos firmados con Televisa.
El asunto ya no era legal. El conflicto y las dudas surgidas a partir de las revelaciones hechas por Aristegui, no requerían explicaciones sobre el régimen por el cual está casada la pareja presidencial, o si la esposa del presidente debe declarar sus bienes. Se necesitaba ir más allá de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que sin duda deja de manifiesto que ante las enormes dudas que existen sobre el patrimonio de los políticos y sus familias, es hora de replantear los límites de la privacidad de la información patrimonial, pues de la manera en la que está regulada resulta evidentemente insuficiente para explicar el origen de la riqueza de muchos funcionarios públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo dos de los principales mecanismos para comunicarnos sociedad y gobierno. Hagamos que su alcance sea mayor, para que esa comunicación sea mejor.
Twitter: @r_izaguirre
