La próxima renovación de la rectoría general de la Universidad de Guanajuato, la primera desde que se dio paso al modelo departamental con campus descentralizados, dirigidos cada uno de ellos por un rector de campus, ha traído un clima de inquietud en la comunidad universitaria.
Arturo Lara López, un egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de Salamanca y posgraduado en la Universidad de California, en Davis, ha dirigido la UG los últimos ocho años, cuatro de ellos bajo el anterior esquema centralizado y los últimos de acuerdo a la nueva ley orgánica.
Allí, precisamente, es donde se avecina una discusión. La normatividad actual, como la anterior, permite repetir un periodo. Electo en 2007 con la nueva ley, sin que se haya precisado en la misma, ni siquiera a título transitorio, ninguna salvedad, el actual rector general podría aspirar a ejercer su segundo rectorado en la nueva era universitaria, que en realidad sería el tercero en su cuenta personal.
En términos políticos, Lara parece ser la mejor opción en el actual momento, cuando aún está por consolidarse la nueva estructura universitaria y se avecina un cambio de poderes públicos en el estado que se muestra especialmente competido, sobre todo dentro del mismo partido gobernante.
Desde luego, para muchos la situación no parece aceptable si se hace caso al espíritu de la nueva ley orgánica universitaria; esta posición sólo se manifiesta de manera aislada y en privado, sin que represente aún una corriente organizada dentro de la comunidad universitaria.
Esos factores parecen estar siendo ponderados por el propio Lara, quien siempre se ha mostrado como un universitario de firmes convicciones, en cuyo rectorado la autonomía no sólo se ha fortalecido, sino que ha mostrado sus bondades para traducirse en un crecimiento de los estándares de calidad institucionales.
Sin embargo, el debate no parece estarse circunscribiendo sólo a la colmena, sino que ya empiezan a surgir las voces del exterior que quieren orientar las cosas a su conveniencia.
Ahí está por ejemplo, la posición que ha venido sosteniendo el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, actual titular del CONACYT y ex rector de la propia universidad, a quien se le hizo temprano para aparecerse en Guanajuato a dictar cátedra sobre lo que la Universidad debe de hacer.
Ha resultado paradójico que Romero Hicks, precisamente el rector al que le tocó impulsar la autonomía, se haya convertido en uno de los más feroces intervencionistas en la vida universitaria como gobernador, cuando decidía desde su despacho designaciones de rectores, nombramientos de funcionarios y tiempos de reformas legales de la institución.
Romero impulsó la rectoría del finado Cuauhtémoc Ojeda; después lo separó del cargo invitándolo a su gabinete en un puesto donde nunca le dio apoyo hasta que lo hizo renunciar; decidió el interinato de Silvia Álvarez, que ahora es su colaboradora en CONACYT y, finalmente, cargó los dados en la elección del propio Lara en contra de Sebastián Sanzberro, también prematuramente desaparecido.
Romero detuvo la reforma departamental, en 2006 por considerar equivocada la estrategia de Lara y por sentirse el único con derecho a decidir en la Universidad. Hoy, cuando tiene la responsabilidad de dirigir la política científica del país, por cierto con magros resultados, se da tiempo para regresar a Guanajuato a querer determinar la vida del que fuera su coto por décadas.
Romero puede ser un ex rector, pero también es un ex gobernador, es militante del PAN y tiene ambiciones de ser senador. Nada garantiza que no quiera recuperar fueros universitarios para relanzar su agotada carrera política, Lo que sería nefasto para la casa de estudios.
Lo que deba ocurrir en la Universidad de Guanajuato deberá ser determinado por los universitarios en activo, incluyendo al propio rector Arturo Lara. Cualquier injerencia foránea debe ser rechazada, venga de donde venga.
