El pleito patrimonial sobre el edifico de la calle Álvaro Obregón, que serían las nuevas oficinas de Tesorería y que a la fecha continúa en obra negra, pues formaba parte de las acciones de la anterior administración encabezada por Mario Turrent, sigue su proceso ante la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de la denuncia penal puesta tras detectar irregularidades en el proceso de construcción.
De manera paralela, la Contraloría Municipal inició un procedimiento administrativo contra los involucrados, “consiste en que los involucrados comparezcan ante esta Contraloría para determinar su grado de responsabilidad”, explicó el contralor Javier Segovia Zapiain, asegurando que derivado de las revisiones que se hicieron, de las auditorías que se practicaron a la documentación que obra en poder de la Dirección de Obras Públicas se emitió el dictamen que involucra a por lo menos el ex director de Obra Pública, Mauricio Bravo.
La construcción del edificio de la Tesorería durante la administración de Mario Turrent sufrió un desfasamiento en el costo autorizado originalmente por el Ayuntamiento, que se percibe de acuerdo a las auditorías practicadas a la obra, el dictamen de la Contraloría muestra un quebranto económico por aproximadamente 3 millones de pesos, más lo que puedan generar las investigaciones del Ministerio Público.
Segovia Zapiain aseguró que de acuerdo al resultado que arroje este procedimiento administrativo, las sanciones que pudiera emitir la Contraloría en este caso irían desde la amonestación o la inhabilitación para cualquier cargo público en cualquier orden de gobierno por un período determinado, hasta de por vida.
Finalmente, dijo que serán las autoridades del fuero común quienes determinarán -en base a sus investigaciones-, si la persona determinada como responsable de este quebranto económico en contra de las arcas municipales deba devolver o no el monto del quebranto.
