León, Gto. En Guanajuato, durante 2016, cincuenta y dos menores de 18 años de edad se embarazaron cada día. De acuerdo a estadísticas oficiales obtenidas a través de acceso a la información, solo la mitad de las niñas y adolescentes embarazadas en los últimos 9 años recibieron atención médica durante la gestación. Solo tres por ciento de las jóvenes madres embarazadas obtuvieron apoyo económico del gobierno para continuar sus estudios.
Muchos de esos embarazos, no se sabe cuántos, fueron producto de violencia sexual, tipificada como delito. El dato se desconoce debido a que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no lo registra o, probablemente, lo oculta, de acuerdo a la respuesta ofrecida a una consulta a través del mecanismo de transparencia. El hecho de que se desconozca cuántos de esos embarazos fueron consecuencia de delitos sexuales, significa una grave violación a los derechos de niños, niñas y jóvenes en la entidad.
No obstante que, de acuerdo a estadísticas oficiales, el embarazo a edades tempranas es un problema de salud pública urgente de atender en Guanajuato, la entidad carece de políticas articuladas para enfrentar el fenómeno.
La Red por los Derechos de la infancia en México, documentó que en 2015, Guanajuato ocupaba el lugar trece a nivel nacional con 22 mil 752 adolescentes entre los 12 y 17 años casados, en unión libre, separados, divorciados o viudos, de ellos, 17 mil 323 son mujeres. Las jóvenes que tienen vida en pareja tienen tres veces más posibilidades de que convertirse en madres.
El Gobierno Federal declaró en 2015 como un problema de salud pública que niñas se conviertan en madres, debido a que México ocupa el primer lugar en la OCDE por este fenómeno. Alejandro Galland, encargado de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ve esta situación como un problema muy complejo que tiene que ver con “la falta de acceso a la educación y a la educación sexual, en específico. Otra causa, tiene que ver con el asunto de no garantizar a los adolescentes el acceso a los métodos anticonceptivos. Y finalmente, tiene que ver con la violencia sexual que se da en estas edades”.
En nueve años, en Guanajuato 207 mil 578 adolescentes se convirtieron en madres. Tan sólo el año pasado se embarazaron 18 mil 995 menores de 18 años. Si se toma en cuenta que la población de mujeres menores de edad en la entidad es de 585 mil 694, el 3 por ciento de las niñas y adolescentes guanajuatenses enfrentaron esa realidad en 2016. El gobierno ha desestimado este asunto pues la media nacional es de 18.3 mientras que en el estado es de 17.3 la tasa de incidencia.
Educación con carencias
Aunque a una pregunta específica, el Gobierno de Guanajuato contestó que se han destinado en nueve años más de 152 millones de pesos para atender el embarazo adolescente en la entidad, en realidad se trata de programas genéricos que no tiene un enfoque específico en el problema. Especialistas consultados coinciden en que la falta de atención gubernamental es una constante.
Esther es maestra de quinto grado de primaria en una de las zonas de mayor marginalidad en León, donde se vive violencia de manera cotidiana, nunca ha recibido algún tipo de capacitación para atender a sus alumnos que padecen carencias socioeconómicas y de seguridad.
La maestra, cuenta a Zona Franca que familiares de sus estudiantes se han acercado para pedirle ayuda pues en sus hogares se vive promiscuidad, incesto, drogadicción, incluso algunos padecen sida. Los niños de esta escuela, recientemente se enfrentaron a la noticia de que una de sus ex compañeras fue violada, asesinada y tirada en un baldío. Esther no sabe cómo puede ayudar a sus alumnos a sobrellevar estos hechos y las respuestas que recibe de sus superiores son siempre iguales: se canalizarán a dependencias especializadas, sin embargo, esto no sucede.
Existe un programa por parte de la Secretaría de Salud que asiste a la escuela a dar pláticas a los niños sobre educación e higiene sexual, Esther los llamó, un año después acudieron y fue sólo por que se está gestionando la Certificación de Escuela Saludable. Sin contar con las herramientas suficientes, la maestra optó por “ver el tema de manera muy rápida, porque sólo se prestaba para las bromas y el doble sentido”, cuando llegó el momento de hablar de anticonceptivos. Por su parte la Secretaría de Educación informó que a manera de prevención se presenta una obra de teatro y se entregan guías de salud integral.
En septiembre de 2016, Esther se dio cuenta que uno de los niños llevaba drogas a la escuela, “busqué ayuda en la dirección de Prevención del Delito pero hasta la fecha no han ido a la escuela”. Lo que muestra que aún tratándose de una escuela de zona urbana el acceso a la información es muy limitado.
Zona Franca conversó con maestros de distintos niveles educativos y regiones en el estado y todos coinciden en que no cuentan con ningún tipo de asesoría para atender a sus alumnas embarazadas.
Niñas que sueñan con casarse
Otro problema al que se enfrenta Esther, es que “las niñas no tienen aspiraciones, yo trabajo con un libro llamado Proyecto de vida pero es muy difícil cambiar una manera de pensar. Las niñas sólo piensan en terminar la primaria o secundaria y casarse”.
Según los datos de la REDIM, casi el 70% de las adolescentes de entre 12 y 14 y el 91% de entre 15 y 17 que viven en pareja, no estudian.
En el estado, sólo se tienen estadísticas de las chicas que abandonan sus estudios a causa del embarazo y que cursan la primaria y secundaria. El porcentaje de las que regresan después de haber dado a luz, es prácticamente nulo.
Para desalentar la deserción por embarazo, gobierno del estado ofrece dos tipos de becas: en una les entregan 850 pesos por 10 meses, en la otra, entre 2 mil y 4 mil 500 pesos divididos en 5 bimestres. Además de que los montos son insuficientes para hacerse cargo de los gastos prenatales o las necesidades básicas de la mamá y el bebé, las estudiantes no tienen acceso a las guarderías públicas y no pueden permitirse pagar una privada.
Sólo uno de los maestros consultados por Zona Franca conocía la existencia de las becas, esto, inevitablemente se refleja en el número de beneficiadas, que es cerca del 3% del total de jóvenes embarazadas. En nueve años, el Estado ha destinado 9.5 millones de pesos para estos apoyos.
Otro problema es la falta de seguimiento, no se sabe si las becarias continuaron con sus estudios al término de la beca, pues “no hay convenio de colaboración” entre Educafin y el DIF estatal.
Los maestros consultados dijeron que las charlas de educación sexual son muy esporádicas. Dos maestros de nivel preparatoria, en Guanajuato y León indicaron que las alumnas han sufrido discriminación de parte de directivos y maestros, no así de sus compañeros.
Pedro, maestro en un Conalep en León, dijo que sus compañeros suelen ponerles trabas a las estudiantes embarazadas pues “darles facilidades sería regalarles la calificación”. Sólo María, maestra por más de 20 años en la secundaria ubicada en la colonia Panorama en León, dijo que constantemente sus alumnos reciben charlas de educación sexual, además de contar con una excelente atención psicológica.
Iovana Rocha, ex directora del Instituto Municipal de la Mujer de Guanajuato cree que se gobierna sin articulación, “por eso más que políticas, tenemos acciones”. Y pone de ejemplo los apoyos económicos, “se dan becas escolares, pero no se miden otras cosas, por ejemplo, ¿qué pasa con la discriminación en los centros escolares? Aunque des becas, no van a ir por esta excesiva estigmatización de que el embarazo es un tema moral, responsabilidad de la mujer y que debe ser castigado”.
Violencia sexual no atendida, médicos desconocen la ley
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las mujeres (Clandem) considera que la mayoría de los casos de embarazos infantiles (menores de 15 años) son producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia, conocidos, vecinos, o extraños. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) calcula que una de cada cuatro niñas ha sufrido abuso sexual antes de cumplir 18 años, y seis de cada diez abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos.
En Guanajuato, no existen registros sobre ello, así lo informó la Procuraduría General de Justicia del estado, dependencia que considera que las estadísticas son información reservada. Enrique Ayala, director de Instituto de Planeación, Estadística y Geografía y presidente del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), declaró a Zona Franca que hasta el momento, no han analizado la violencia sexual como un factor pues “no importan cuáles son las razones, sino lo que importa es atacar el problema”.
En opinión de Iovana Rocha, la carencia de estadísticas sobre el número de embarazos que son consecuencia de una violación pone en evidencia “que trabajan sin conocer datos, porque no han querido incluirlos, porque los ministerios públicos cuando llega una mujer en estas condiciones, las invitan al desistimiento con procesos tan largos. No hay estos datos porque ha habido un interés específico de que no los haya”.
Médicos de la Secretaría de Salud estatal y del Instituto Mexicano de Seguridad Social con los que Zona Franca tuvo contacto dijeron que nunca preguntan a la adolescente embarazada si fue víctima de violencia sexual.
Alejandro, ginecólogo del Hospital Regional en León dijo que suelen atender entre 30 y 40 pacientes en consulta al día, cerca de la mitad son adolescentes, pero la sobrecarga de trabajo no les da tiempo de cumplir con la Norma Oficial 007 que dice:
5.2.1.9 Cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera particular si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
En el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, realizado por el CEAV, revela que en Guanajuato el 99% de las víctimas no son atendidas. Alejandro confiesa que cuando llega a entablar una charla un poco menos superficial con sus pacientes prácticamente todas dicen haber vivido algún tipo de violencia. “Pero no podemos canalizarlas si ellas no quieren, sólo en casos extremos llamamos a la trabajadora social para que se encargue”, dice el médico.
Que no se indague si las adolescentes sufrieron violencia sexual atenta contra sus derechos, pues la Constitución Mexicana establece que las víctimas deben recibir atención médica y psicológica de urgencia. Mientras que la Ley General de Víctimas contempla a la interrupción del embarazo producto de una violación como un servicio médico de emergencia; el Reglamento de la Ley General de Salud señala que la prestación de este servicio no debe estar condicionado a la presentación de denuncia o querella. Y esto aplica en todo el país.
Esta información no está socializada entre los médicos de la entidad, todos los galenos consultados dijeron que en el estado es ilegal la interrupción del embarazo consecuencia de una violación. El gobierno de Guanajuato informó que de enero 2007 a diciembre de 2016 no se recibieron solicitudes de aplicar la Norma 046 que regula la interrupción del embarazo por violación.
De esta manera, se obliga a las niñas a ser a ser madres, lo que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es considerado como crimen de lesa humanidad.
Un embarazo forzoso “es un crimen de lesa humanidad, enfrentar a una niña a la responsabilidad de crianza y resulta en reproducir el círculo de pobreza, de marginación, de desigualdad. Es condenar a quien viene al mundo a tener una clara desventaja con respecto a los niños y niñas que llegan en condiciones de estabilidad”, dice la también regidora, Iovana Rocha.
Alejandro Galland de GIRE considera que es necesario que “las autoridades de todos los niveles garanticen que los funcionarios de salud estén capacitados en el marco jurídico, porque son funcionarios públicos y tienen que cumplir las leyes generales”.
Niñas sin seguimiento médico
Alejandro dicen que no hay atención especial para las adolescentes embarazadas, “sabemos que el parto será complicado, pero se atienden igual que a las mujeres adultas”.
La Secretaría de Salud informó que no cuenta con datos sobre la atención prenatal para mujeres adolescentes, aunque si cuenta con estadísticas sobre las “consultas realizadas por primera vez”. En ellas se puede ver un descenso de casi el 13% de niñas atendidas en un periodo de 9 años. Un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas demostró que “las chicas con las mayores vulnerabilidades y que se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones y muerte por el embarazo y el parto, son las de 14 años o menos. Este grupo de adolescentes muy jóvenes normalmente es ignorado por las instituciones nacionales de salud, educación y desarrollo”.
Otro dato significativo, es que aunque más del 90 por ciento de las niñas reciben algún tipo de anticonceptivo después de haber dado a luz, sólo el 3% de las adolescentes asisten a un taller de educación sexual.
Jorge Hernández Arriaga, integrante de la Asociación de Médicos Católicos de Guanajuato y pediatra, explica que suele suceder que las pacientes, un año después regresan para recibir una segunda atención obstétrica, “entonces algo está fallando con estas jovencitas, por lo que se siguen embarazando. Se les ofrecen métodos de planificación familiar, pero algo no está funcionando bien”.
Las uniones tempranas inciden en que las niñas tengan más hijos, según el estudio de la REDIM, el 100% de las mujeres entre 12 y 14 años tienen 2 o más vástagos.
Alejandro Galland ve esto como consecuencia del “un gran rezago educativo que finalmente apela a una baja calidad de la educación y por lo tanto, eso incrementa el índice (de embarazos). Sigue prevaleciendo en el país un bajo uso efectivo de anticonceptivos en mujeres de menor escolaridad”.
En el mismo sentido opina Iovana Rocha que ve la estrategia como “un claro fracaso porque al final están fallando los procesos formativos. Se deberían poner en la mesa todas las alternativas posibles para que la mujer ejerza de forma responsable y de acuerdo a su proyecto de vida, su sexualidad”.
Otro factor que influye en el fracaso de la educación sexual, es porque “el sistema de salud llega tarde y llega mal, desarticulado del sistema educativo y de todas las políticas para atender el problema”, dice Rocha.
Embarazo adolescente, una cuestión de valores: Gobierno de Guanajuato
En noviembre de 2016 se estableció el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en Guanajuato (GEPEA) con el objetivo de que unificar criterios, políticas y acciones para alcanzar los objetivos al 2030: reducir al 50% los embarazos entre adolescentes de 15 y 19 y erradicar totalmente los embarazos en menores de 15.
El GEPEA integrará todas las acciones en un solo programa “en este momento, estamos terminando el diagnóstico, unificando y evaluando cómo están trabajando cada una de las dependencias”, señaló Enrique Ayala, el embarazo adolescente, “no sólo es un problema de educación sexual, es un problema de valores y expectativas de desarrollo para los jóvenes y un problema de información”.
El 4 de abril se presentarán los trabajos a ejecutar del GEPEA, no tendrá un presupuesto especial, sino que se realizará con lo que cada dependencia cuenta, en tres meses comenzará a verse la estrategia.
El funcionario explica que al Estado le toca “educar, dar información, atender a la mujer embarazada y dar opciones de salida en la vida”.
Sin articulación no se termina el problema
La parte más importante en la que se enfocará el GEPEA es en lo que pasará después de que la madre dé a luz, “primero hay que educarlos para que no suceda, es lo ideal y la meta principal de la estrategia nacional. Pero también queremos ver qué va a suceder con la niña que ya está embarazada y tenemos que darle posibilidades de desarrollo la mamá y el bebé”, señaló Ayala.
Raymundo Sandoval, director de Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, considera que “no hay una propuesta de política pública para paliar los efectos de los embarazos adolescentes no deseados. Se deben generar condiciones para que desarrollen sus proyectos de vida, garantizando sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente educación, ya que está comprobado que la media educativa en la entidad es de 8 años; salud sexual y reproductiva; desarrollo de proyectos económicos; así como artísticos y culturales. Se debe además, dejar de utilizar la etiqueta “ninis” que coloca el estigma en adolescentes y jóvenes y descoloca la responsabilidad en el Estado”.
Los especialistas ven la falta de articulación como el problema más grave. Jorge Hernández Arriaga, piensa que deben “crearse estrategias, primero, para prevenir el embarazo y con las niñas que ya se embarazaron, que no se vuelvan a embarazar. Esto es terrible, pasa en todos los programas en México, se establecen sin ningún control, seguimiento, información. Entonces no sabemos si van bien o si van mal. Debemos de tener un mejor seguimiento de estas niñas porque estoy seguro que podría irles mucho mejor si hubiera más vigilancia, más supervisión de estos programas”.
Mientras no exista “un proceso integrador para verdaderamente atender lo que significa que una niña a los 13 años sea madre, con todas las variables que puede tener esto, vamos a seguir teniendo dinero gastado y un problema no resuelto, con revictimización, ayudas aisladas y con lógica asistencialista”, concluye Rocha Cano.
Alejandro Galland cree que se debe garantizar por parte de las instituciones “la prevención y la atención a la violencia sexual, garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos, que existan en las instituciones públicas de salud en cantidades adecuadas y en condiciones óptimas de uso y que el personal esté capacitado para atenderlo y mejorar la calidad de la educación sexual·.
El integrante de GIRE concluye: “la realidad es muy alarmante, es triste y sobre todo que hasta 2015 se empieza a reconocer el gran problema del embarazo adolescente. De manera específica en Guanajuato la problemática es aún muchísimo más grande”.
*Los nombres de maestros y médicos fueron cambiados para proteger su identidad. Las cifras aquí expuestas provienen de datos oficiales obtenidos mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública. Para consultar los documentos íntegros, ingrese aquí.
