Apenas el lunes pasado por una nota publicada en el diario “A.M.”, firmada por la reportera Catalina Reyes, nos hemos enterado que la empresa Azacan, propiedad de Alejandro Marcocchio decidió impugnar judicialmente el acuerdo por medio del cual el Ayuntamiento de Guanajuato presidido por Nicéforo Guerrero le revocaba la factibilidad de uso de suelo en un predio conocido como “Granja la Bufa”, que ese mismo Ayuntamiento había otorgado unos meses antes.
La revocación de ese acuerdo era consecuencia de fuertes protestas sociales que culminaron con el plebiscito llevado a cabo el 5 de diciembre pasado, en el que la sociedad guanajuatense votamos mayoritariamente por no cambiar el uso de suelo de ese predio, a fin de que permaneciera sustancialmente como de preservación ecológica y parque urbano.
La idea de realizar un plebiscito como forma de resolver esa controversia fue rápidamente acogida por la empresa, que incluso modificó su proyecto original para plantearlo a la sociedad como un “centro cultural”. Empleados municipales al servicio de Azacan se dedicaron a difundir el proyecto. La empresa instaló televisiones con videos de promoción, incluso usando las instalaciones eléctricas del municipio.
Autoridades municipales y empresa evidenciaban su interés por lograr que el plebiscito ratificara su acuerdo.
Mientras tanto los grupos que desde el inicio nos opusimos a ese proyecto y a esa urbanización (Guanajuato Somos Todos, Rescatando los Picachos y el Consejo Ecologista, así como ciudadanos independientes) reiterábamos que acudíamos al plebiscito bajo protesta, porque entendíamos que resultaba muy grave que las decisiones sobre el crecimiento urbano y los cambios de uso de suelo se decidieran de esa manera y no a través de los mecanismos especializados que prevé la ley de desarrollo urbano.
El resultado del plebiscito fue contundente. Participamos 14,941 ciudadanos, de los cuales 12,547 (83.98%) dijimos NO. La promoción municipal y de la empresa logró sólo 2,280 votos (15.28%).
Cuando Nicéforo Guerrero, tras esos resultados anunció que propondría revocar el acuerdo por medio del cual habían otorgado la factibilidad de cambio de uso de suelo, varios advertimos que ese proceso se tendría que dar en los términos del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o sea a través de un Juicio de Lesividad.
La revocación lisa y llana, sin notificarle a a la empresa no era procedente, por la simple y sencilla razón de que la misma se había hecho sabedora del acuerdo que le beneficiaba.
Lo advertimos y nuevamente fuimos descalificados por nuestras autoridades municipales.
Por la nota de Catalina Reyes y las que han seguido sabemos que la empresa decidió demandar al municipio. Según dice la nota, por no haber sido oídos en el proceso de revocación del acuerdo.
Nadie puede negarle a la empresa el usar los medios legales para defender lo que ellos suponen que son sus derechos, aunque lamentablemente esa impugnación conlleva el desprecio a la voluntad popular expresada el 5 de diciembre.
Sin duda es cuestionable que tras haber aceptado el plebiscito como forma de resolver esa controversia, una vez que le fue desfavorable decidió combatir legalmente sus consecuencias. Como también lo es que tras haber texto expreso en la ley para llevar a cabo una revocación de este tipo, la autoridad municipal haya decidido hacerlo de una manera que dejaba la puerta abierta para la impugnación de la empresa.
Vendría bien ahora que los documentos del juicio se hicieran públicos en un ejercicio indispensable de transparencia, porque una vez más hay más dudas que respuestas.
¿Y la voluntad ciudadana?
