Un hombre identificado como Antonio Landeros denunció a través de redes sociales que su camioneta Ford Bronco fue utilizada indebidamente por empleados de la agencia Ford Jalisco Motors, ubicada en Avenida Niños Héroes, cuando supuestamente debía estar en reparación.
Según su testimonio, el 27 de febrero de 2025 dejó su vehículo en el taller para solucionar una falla en el motor, por la cual pagó $54,138.36 pesos. Sin embargo, al rastrear su ubicación diez días después, descubrió que la camioneta no estaba en el taller, sino en la zona de bares de Chapultepec, donde era utilizada por un sujeto que se encontraba de fiesta.

Con la ubicación en mano, Antonio acudió al lugar y grabó el momento en que confrontó al individuo que manejaba su vehículo. En el video, el hombre intentó convencerlo de que la camioneta le pertenecía, pero al no poder demostrarlo con documentos, le propuso “llegar a un acuerdo”.
Además, Antonio denunció que la camioneta había sido manejada por menores de edad y que, tras publicar su queja en redes sociales, la agencia eliminó sus comentarios y lo bloqueó.
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“Hay que tener cuidado con esta agencia porque hacen mal uso de las unidades y uno confiando en que las están arreglando”, expresó en su denuncia.
También pidió la intervención del gobernador Pablo Lemus y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para garantizar la seguridad de los clientes.
Respuesta de la agencia Ford Jalisco Motors
Tras la viralización del caso, el 9 de marzo de 2025, la agencia emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y aseguró que un colaborador hizo un uso indebido del vehículo.
“Este hecho no refleja nuestros valores ni nuestros estándares de calidad y servicio. Hemos tomado medidas inmediatas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, indicó la empresa.
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Asimismo, aseguraron que han intentado contactar al cliente para solucionar el problema, aunque hasta el momento Antonio no ha confirmado si procederá legalmente contra la agencia.
Expertos legales señalaron que el uso de un automóvil sin el consentimiento del propietario podría constituir un delito de abuso de confianza, lo que podría ser investigado por las autoridades.
Mientras tanto, el gobierno de Jalisco no ha emitido declaraciones oficiales, aunque algunos legisladores locales han propuesto reforzar las regulaciones para evitar que situaciones similares se repitan en otras agencias.