Ciudad de México. Organizaciones defensoras de menores de edad han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Papa Francisco, al presidente de México y a la CONAGO que atiendan el caso Ciudad de los Niños, por la impunidad que persiste y el poco trabajo realizado por el gobierno de Guanajuato.
La Red por los Derechos de la Infancia en México, la organización internacional Desability Rights International y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, pidieron al Papa Francisco que volteé los ojos a México y en especial al caso Ciudad de los Niños, ahora que está atendiendo los casos de violencia sexual al interior de la Iglesia Católica.
También han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga y que solicite el acceso a las víctimas; un plan individualizado para reintegrar a un contexto familiar a las víctimas (y sea con su familia biológica, extendida o de adopción); que existan mecanismos adecuados de monitoreo de los infantes; que el Estado Mexicano investigue de manera profunda las presuntas violaciones ahí cometidas y que se cumpla con la sentencia de amparo realizado por la juez Karla Macías.
Juan Martín Pérez García, director de REDIM recordó que desde hace más de un año han estado solicitando que se investigue lo sucedido en la Ciudad de los Niños y denunció que hay complicidad por parte del gobierno estatal encabezado por Miguel Márquez con apoyo del secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera y del procurador, Carlos Zamarripa. Con ellos estarían incumpliendo y violentando los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Indicó que Pedro Gutiérrez Farías, director de la Ciudad de los Niños, no ha sido llamado a declarar hasta el momento, a pesar de que se abrieron siete carpetas de investigación en la procuraduría estatal y una en la federal. Incluso, recientemente reapareció vía su abogado exigiendo que se le regresen el inmueble y los menores de edad que llevan su apellido.
Pérez García informó que hubo amenazas de muerte en contra de algunas víctimas que presentaron denuncia penal para que desistieran, por lo que es muy importante que no se permita le impunidad al fuero clerical. Denunció que los infantes que se encontraban en la Ciudad de los Niños han sido diseminados en diferentes instituciones con la intención de que no puedan declarar en contra del sacerdote.
El director de REDIM señaló que las omisiones de la procuraduría estatal se deben a un cálculo político debido a la intención de nombrar a Carlos Zamarripa como fiscal en Guanajuato, de tal suerte que se sumó al llamado de oponerse a un fiscal carnal en la entidad, pues no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a niños, niñas y adolescentes en Guanajuato.
Informó que durante todo el tiempo organizaciones de la sociedad civil y otros organismos han intentado acompañar a las autoridades en su trabajo con las víctimas, sin embargo, les han negado el acceso a las mismas en repetidas ocasiones.
Por su parte, Lizbeth Brizuela, directora para México y Centroamérica de Desability Rights International , dijo que en sus investigaciones encontraron que no cambió la situación de los menores de edad que se encontraban en la Ciudad de los Niños cuando el DIF tomó el control y que persistía el riesgo su integridad. Ahora que han sido cambiados de albergue siguen sin tener contacto con los menores, por lo que desconocen cual es su situación. Por ello apelan a la intervención de la CIDH.
Alicia Vargas, directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, dijo que no ha habido avance en las investigaciones por lo que exigen que el presidente de México, la CONAGO y la Iglesia Católica hagan cumplir la ley a favor de los niños, niñas y adolescentes.
