Guanajuato, Gto. Por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal resolvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso Ciudad de los Niños.
Los tres magistrados resolvieron la revisión del amparo 327/2017 de manera unánime en el sentido de pedir que la SCJN atraiga el caso dada su gravedad, el interés y trascendencia.
El ministro ponente José Nabor González Ruiz dijo que solicitaba la atracción de la SCJN por “sus peculiaridades, por la trascendencia, por la novedad y por las situaciones que se presentan, una situación compleja y difícil”. Consideró que si ellos abordan el tema confirmarían el sobreseimiento del amparo y los asuntos que señala la jueza Karla Macías son de una dimensión mayor.
En la discusión los magistrados señalaron qué hay evidencias de la hubo violaciones graves, incluso de delitos como trata de personas, que las características de este asunto tendrán una repercusión nacional.
González Ruiz dijo que considerando que la quejosa (la niña que fue sacada de la Ciudad de los Niños por el DIF luego de haber sido quemadas sus manos) es menor de edad, es mujer y está en situación de abandono) “y es probable víctima de trata de personas y ha vivido situaciones de victimización y revictimización” es necesario que el más alto tribunal de la nación establezca los parámetros que haya lugar”.
Uno de los argumentos esgrimidos por el magistrado Francisco Javier Araujo Aguilar es que Pedro Gutiérrez Farías tenía varios albergues, incluso fuera de Guanajuato, en concreto en Michoacán, es un problema regional.
Los magistrados consideran que este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad que viven niños, niñas y adolescentes y que su resolución asentaría un precedente incluso a nivel nacional.
La atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede tardar hasta seis meses en ocurrir.
Caso abierto
Todavía el pasado 21 de octubre, el director del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel, señaló que el cierre del albergue de la Ciudad de Los Niños en Salamanca es sólo una probabilidad, pues se dará hasta que se les restituyan los derechos de manera integral a los 55 niños, niñas y adolescentes que viven en el lugar.
Cabe destacar que de las 72 personas que se encontraron al momento de la intervención que se efectuó por una orden judicial el pasado 12 de Julio, salieron 5 adultos y de los 67 menores y adolescentes se han enviado a 12 a otros albergues como parte de esta restitución.
A tres meses de distancia, Borja Pimentel aseveró que “serán los tiempos los que marquen la restitución de los derechos de los menores” pues argumentó que el proceso es largo.
Mientras esto sucede, el caso se ha desarrollado en medio de las exigencias de justicia realizadas por diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por el contrario, la respuesta fue una denuncia por difamación, por parte de quien se ostenta como el máximo responsable de los albergues: el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
El pasado 18 de octubre, las OSC enviaron una carta al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez para solicitarle que emita medidas para proteger la vida, la seguridad y la integridad del equipo de NIMA, luego de que fuera incorporada al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (expediente MEC/CEN/110/D/O/2017).
