Irapuato, Gto. Juan Miguel Alcántara Soria, exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue enfático al referirse a la inseguridad en Guanajuato, al señalar que ésta se ha agravado por la falta de un Programa de Prevención y a que el Programa Escudo ha fracasado.
Escudo no funciona
“Yo percibía una relativa medición estándar de niveles aceptables o tolerables hasta hace unos tres o cuatro años, pero en los últimos dos años noto un deterioro creciente de la inseguridad porque no hay un programa de prevención social de la violencia y el delito, y de prevención situacional”, dijo.
El abogado de profesión señaló que los arcos del programa Escudo, relacionados con la prevención, no han dado los resultados esperados.
“La prevención situacional se daría con el programa Escudo… Hasta donde yo supe del último reporte de Irapuato hace un año, de todos los arcos de las entradas sólo uno funciona, los demás ya no funcionan. Fue un programa sobrevendido, carísimo y la relación costo/beneficio ha sido perdedora para el Estado”.
Desprecio por la prevención
Alcántara Soria afirmó que los tres niveles de gobierno han despreciado el trabajo la prevención.
“El estado, la federación y los municipios han despreciado todo los programas de prevención social, de prevención comunitaria. Analizaba el convenio que firmó el municipio de Irapuato con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahí, cero pesos en prevención, todo se fue a capacitación, patrullas, arma, chalecos, pero cero pesos en prevención, me parece que eso es grave… si no hacemos el trabajo de prevención, pues simplemente los problemas se van agravar”.
Los linchamientos, un grave retroceso
Sobre el aumento de los linchamientos en el Estado, Alcántara Soria los calificó como “un retroceso grave en la evolución”… es por la “desesperación de una parte de la población que ve que quienes lo roban, extorsionan, frecuentemente quedan impunes. Los datos confirman que el 90 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país no son sancionados”, dijo.
El hartazgo también se da por los insuficientes y deficientes órganos de impartición de justicia.
“Víctimas de delitos no los denuncian porque saben que no va pasar nada porque el Ministerio Público (MP) no va integrar una carpeta de investigación que termine en una consignación ante un juzgado y que se inicie un proceso penal, eso es lo que mucha gente piensa, por eso no denuncia”, afirmó.
Falló capacitación sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal
Por otra parte, Alcántara explico que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no está capacitando “suficientemente” a los agentes del Ministerio Público ante el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, aunado a que no han sabido difundir este modelo que busca la reparación económica mediante la mediación y conciliación, que por el desconocimiento se cree que hay impunidad.
“Qué está pasando en la Procuraduría, no están capacitando suficientemente a todos los agentes del Ministerio Público, basta ver las actuaciones de muchos agentes para darnos cuenta que no han sido adecuadamente capacitados, son muy pocos agentes, y ya no voy hablar a los agentes de la policía ministerial, que están capacitados real y positivamente en este nuevo Sistema de Justicia Penal. Creo que en el Poder Judicial del Estado si se hizo un esfuerzo de capacitación de los jueces pero en cambio en la Procuraduría todavía les falta un trecho enorme por capacitar”, aseveró.
En cuanto a las crecientes cifras de los robos a casas habitación, vehículos, negocios y vía pública, el exfuncionario señaló que la autoridad estatal y los municipales al no atenderlos, están reprobados.
“Los delitos están creciendo en el estado. El Inegi, que hace la encuesta nacional de victimización, nos está diciendo que están creciendo los delitos patrimoniales en el tema de robos, robos a comercio, en la vía pública, robo de vehículos, robos a casa habitación; ese es un problema muy serio que me parece que no está debidamente atendiendo ni por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado”, aseguró.
Guanajuato, sin aplicar la Ley Nacional de Seguridad Pública
Otro aspecto que deben de considerar es cumplir con la Ley General del SNSP que marca el Sistema Desarrollo Integral Policial (Sidepolis) con la carrera policial, la profesionalización, para que los elementos tengan un proyecto de vida en la institución, dándoles los incentivos para evitar la corrupción. Sólo los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Querétarocumplen.
“Deben de tener un proyecto de vida que le de los incentivos correctos para evitar la corrupción, para hacer bien su trabajo, porque se hace un profesional; la carrera policial no se ha implementado en todos los municipios, prácticamente en ningún municipio del estado se está cumpliendo con la ley general y estatal de que haya carrera policial, que implica un tabulador salarial donde un policía tiene que ganar bien”.
El programa de prevención debe abrirse a la sociedad
El exfuncionario federal señaló que el programa estatal de prevención social de la violencia debe de abrirse al público para que provoque la participación ciudadana
“Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario, pero aquí está al revés: es tanto gobierno como sea posible y solo tantita sociedad como sea necesario para salir en la foto. Si queremos resolver el problema de inseguridad se requiere la mayor participación posible de la sociedad desde el diagnóstico”, culminó.
Aunque el programa incluye la participación ciudadana, Alcántara señaló la falta de de otros aspectos de la prevención que se complementa con la social, como la situacional, comunitaria, psicosocial, policial y la prevencion de la reincidencia.
En cuanto a las 10 líneas estratégicas del programa (cultura cívica, valores y familia, salud con enfoque preventivo, desarrollo autogestivo, autoempleo e ingreso, equidad de género, inclusión para grupos prioritarios, niños y jóvenes con proyecto de vida, participación ciudadana, mejoramiento y rescate de espacios públicos, certeza jurídica y marco institucional), el abogado comentó que “no contienen algo esencial, esto es, los indicadores o porcentajes de población que percibe o se organiza, así como las fichas técnicas de indicadores que midan el logro de las metas, y los métodos de cálculos”.
Por último, Miguel Alcántar cuestionó que los diagnósticos sobre la delincuencia en el 2012, en que se basa la elaboración del programan, se mantengan confidenciales.
“Es un documento resguardado en el acervo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero en una lógica de seguridad ciudadana es indispensable que la gente lo conozca. para saber cómo determinaron los polígonos de zonas prioritarias”, concluyó.
