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jueves, abril 25, 2024

Interpone Gobierno de Guanajuato demanda penal contra Iovana Rocha

Guanajuato, Gto.  El gobierno capitalino que encabeza Edgar Castro Cerrillo formalizó la demanda penal ante el Ministerio Público contra la regidora del PRI Iovana Rocha Cano, por el presunto delito de daños al patrimonio del municipio.

Foto: Tere Segura

Así lo informó el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, quien confirmó, en su calidad de representante legal del municipio, que la demanda se interpuso este miércoles, y podría haber resultados dentro de aproximadamente dos meses.

Izaguirre explicó que una vez que el Ministerio Público tenga en sus manos la demanda, éste revisará su integración, las pruebas y de ser necesario podrá requerir más elementos probatorios al ayuntamiento.

También llamará a declarar a las personas que consideré responsables, y así integrar la carpeta.

Comentó que una vez que concluya la integración de la carpeta de investigación, el MP o puede determinar el no ejercicio de acción penal, porque no hay los elementos, o puede determinar que si hay un delito y ponerlo a consideración de un juez el que inicie el procedimiento correspondiente.

El abogado de profesión, comentó que en caso de que se determine que Iovana Rocha cometió un delito grave, entonces se iniciaría un proceso para desaforarla, “pero todo dependerá de cómo clasifica el MP el delito”.

El síndico consideró que sí es grave el delito que cometió la regidora, “me parece que clavaría en un delito grave, y entonces sí iría al Congreso en términos de su desafuero”.

Recordó que en paralelo el ayuntamiento decidió que fuera inhabilitada a través de un proceso administrativo, que llevará su curso en tribunales federales o en el Tribunal de Justicia Administrativa, si es que se inconforman.

Cabe mencionar, que el martes se presentó la denuncia Civil ante el Juzgado Civil de Distrito para solicitar a Rocha Cano que reintegre los 272 mil pesos que no pudo comprobar y que representan daños al erario público.

Iovana Rocha enfrenta ambas demandas, además de una inhabilitación por tres años, tras la auditoría realizada por la Contraloría al extinto Instituto Municipal de las Mujeres, cuando ella era directora, de la que se desprendieron responsabilidades civiles, administrativas y penal.

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