León, Gto. Ante la serie de cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos por la inacción del gobierno de Miguel Márquez en la persecución de los posibles delitos cometidos por los “cuidadores” del albergue ciudad de los niños, el vocero estatal Enrique Avilés salió a medios esta mañana para asegurar que la prioridad de la intervención estatal es “el bienestar de los niños”.
Sin embargo, nunca dejó en claro las acciones concretas que se realizan para sancionar posibles conductas delictivas
El funcionario recalcó que en la Ciudad de los Niños “no hubo violaciones o abusos,” aunque enseguida reconoció que se registraron “tocamientos” a una niña de 12 años; también apuntó que de los 67 menores de edad albergados, únicamente siete de ellos reportaron haber sido golpeados.
En tanto que sobre el señalamiento de los registros ilegales de niños y niñas, informó que nueve de los niños que actualmente habitan el albergue cuentan con los apellidos del padre Pedro Gutiérrez Farías, así lo señaló Enrique Avilés Pérez en el noticiero de Carmen Aristegui.
Avilés Pérez informó que el DIF Estatal tiene el “control absoluto del albergue desde los primeros días después de esa notificación de sentencia y se inició un análisis médico y psicológico de cada uno de los pequeños”.
El vocero insistió varias veces que se busca el bien de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues y que “no hay protección para nadie, sólo para los pequeños”. Y que si no se han iniciado averiguaciones en contra del sacerdote o sus allegados, es porque “no hay pruebas contundentes”.
Explicó que en cuanto se tuvo conocimiento de la sentencia, le pidieron a Gutiérrez Farías, a sus empleados y a las monjas que dejaran las instalaciones a cargo del DIF Estatal. Enfatizó que ninguno de los adultos que laboraban en el albergue está prófugo, “todos están perfectamente localizables”, Avilés dijo que el sacerdote se encuentra en el albergue de Morelia.
El funcionario dijo que desde que el DIF Estatal tomó el control del albergue, han tenido contacto con los 67 niños, niñas y adolescentes, quienes están dando una “versión real” de cómo vivieron y como fueron tratados.
Señaló que el DIF sólo ha detectado siete casos “en dónde ha habido lesiones, hay dos pequeños que tienen golpes en uno de sus ojos, que de forma inicial ellos habían dicho que se habían golpeado con una puerta. No hemos encontrado casos de abuso o violación, más bien han sido agresiones físicas y los temas más delicados han sido niños con lesiones, un niño con una quemadura, una niña que acepta y dice incluso que hubo tocamientos”.
Los niños dicen que fueron golpeados por los empleados, “es importante, que hasta el momento, no hay una acusación directa por parte de alguno de los menores en contra del padre”, dijo Avilés.
Los testimonios y evidencias recabadas por el DIF Estatal ya fueron turnadas a la PGJ “para que abra las carpetas y se encuentren a los responsables de cada uno de estos abusos, porque es algo que no se va a permitir”.
Avilés Pérez asegura que desde que tomaron posesión del albergue se han hecho arreglos a los espacios como la cocina, se cambiaron colchones, pintaron paredes y otras labores de mantenimiento. No dio cifras de lo que el gobierno ha gastado en dichos trabajos, sólo que el trabajo se hizo “con ayuda del voluntariado del DIF”.
Explicó que estos trabajos se hicieron para que los menores que aún se encuentran ahí se sientan “a gusto” y para ganar su confianza. Aseguró que se hicieron registros del antes y después del inmueble, mismos que se utilizarán para la investigación. A pregunta expresa de Carmen Aristegui, Avilés dijo que no encontraron un lugar de castigos, cadenas o algún otro indicio de que los internos fueran torturados.
Primera vez que hay denuncias
Enrique Avilés dijo que ya se está investigando el tema de las adopciones ilegales además de que se está tratando de ubicar el origen de cada uno de los menores de edad, pues no hay registros de ellos, ni de su familia, ni su procedencia.
Explicó que actualmente hay nueve niños y niñas que tienen el apellido del padre que continúan en el asilo.
Dijo que el gobierno del estado no había actuado antes de esto pues “no habían tenido quejas ni denuncias del albergue”. Insistió en que no se está encubriendo a nadie y prueba de ello es que “se está actuando”, aunque no han realizado acciones concretas, porque “no tienen denuncias ni pruebas contundentes”, pese a todas las evidencias contenidas en la sentencia de amparo de la jueza Macías Lovera. Dentro de las pruebas, hay denuncias hechas desde 2009 en contra del albergue, mismas que nunca procedieron.
Cifras que no cuadran
El vocero del gobernador Miguel Márquez aseguró que “el DIF quien tiene los registros del estado de los albergues y los niños”, sin embargo en una respuesta otorgada a Zona Franca, vía la Unidad de Acceso a la Información, el gobierno del estado dice no contar con un censo de albergues o casas hogar para menores de edad.
Según lo dicho durante la entrevista, actualmente en la Ciudad de los niños hay 67 adolescentes: 48 hombres y 19 mujeres con edades que van de los 3 a los 17 años. Pero, en la sentencia del amparo de la jueza Karla María Macías Lovera, se tiene registro de que en ciudad Infantil había 38 niños y niñas desde lactancia hasta término de la primaria; en la ciudad de los niños, habitaban 49 mujeres de primaria hasta la universidad y niños de primaria y en la ciudad juvenil, se encontraban 19 jóvenes de secundaria hasta universidad. Es decir, hay una diferencia de 39 niños, que no se ha informado de su paradero.
“El DIF tiene que hacer revisiones periódicas en todos los albergues, ese es un hecho, lamentablemente son controles que se deben implementar de manera periódica. Yo no diría que vamos tarde, es importante, con base en estas denuncias, el DIF hizo una intervención expedita, rápida y eficaz”, dijo Avilés.
Zona Franca solicitó al DIF el histórico de la población registrada en cada una de las inspecciones que se realizó a la Ciudad de los Niños en los años 2016 y 2017, sin embargo no ha habido respuesta.
…Y las fechas tampoco
En la entrevista con Aristegui, el vocero del gobierno estatal explicó que el DIF tomó el control de la casa hogar el 13 de julio, un día después de que se les notificara la sentencia.
Pero la sentencia del juicio de amparo 475/2016-VIII fue dictada el nueve de junio de 2017; Zona Franca hizo público el tema el 11 de julio y fue hasta dos días después que el DIF estatal comenzó a trabajar en el asilo, esto es, cuando la noticia llegó a los medios nacionales.
