A instancias de los priistas Bárbara Botello y Miguel Ángel Chico, un juez en Guanajuato capital reabrirá el expediente que contiene la denuncia penal interpuesta contra Wintilo Vega Murillo, Alejandro Arias y Antonino Lemus, la cual había sido archivada en dos ocasiones. La acusación es por administración fraudulenta y podría dar lugar a órdenes de aprehensión en breve.
Aunque el 14 de febrero del año pasado el entonces procurador de justicia Daniel Chowell Arenas anunció que la denuncia habría prescrito, este 25 de enero Chico y Botello, representados por el abogado silaoense Ricardo Ramíez Nieto, solicitaron la reapertura del expediente 057/AP/06-2007 donde se pide la consignación del ahora ex priista, así como de quienes fueran sus colaboradores, el tesorero Antonino Lemus y de quien hoy es el más activo operador de la actual dirigencia priista: Alejandro Arias Ávila.
Según las fuentes del Poder Judicial, el expediente estaría por reabrirse y remitirse al juzgado penal de Silao y busca fincar las responsabilidades penales en contra de los tres ex dirigentes priistas.
Fue en abril de 2007 que el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, hoy presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones de la Cámara de Diputados local, Miguel Ángel Chicho Herrera, presentó la denuncia penal contra su antecesor.
Junto con Bárbara Botello Santibañez, entonces su secretaria general, ambos habrían responsabilizado a sus correligionarios de abuso de confianza, fraude, extorsión, falsificación de documentos y uso indebido de documentos en agravio de ese instituto político cuando Vega Murillo fue dirigente estatal, incluso durante el año que ganó la contienda interna como candidato al gobierno estatal de su partido, a la que luego renunció.
En la denuncia, que será reabierta, Chico Herrera pidió a la Procuraduría de Justicia estatal que investigara el paradero de 9 millones de pesos de prerrogativas locales, 5 millones enviados por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, así como de 1.5 millones de pesos otorgados por el PRI estatal para la organización partidista a propósito del proceso electoral del 2006.
También se solicitó una investigación sobre el paradero de 3.7 millones de pesos que habrían pagado 140 priistas como derecho a participa en la elección del 2003 y que no habrían sido reportados en el ingreso de ese partido por Antonino Lemus, la recaudación habría corrido a cargo de Arias Ávila.
A la par la dirigencia estatal inició un proceso de expulsión contra Wintilo Vega, Alejandro Arias y Antonio Lemus cuyos resultados fueron emitidos a Bárbara Botello Santibañez quien conoció de todo el expediente político y jurídico.
En medio de las filtraciones de supuestas facturas falsas de consumos en restaurantes no ubicados, de viáticos en gasolinerías no reconocidas y de pago de salones de usos múltiples en hoteles sin tal infraestructura, el pleito entre priistas seguía en manos de la procuraduría estatal.
En contraofensiva, Vega Murillo, Arias Ávila y Lemus López, denunciaron a la dirigencia estatal de escamotear casi 28 millones de pesos de ese partido destinados a prerrogativas de los comités municipales del tricolor en los municipios de la entidad.
En agosto de 2007, el ministerio público integró la averiguación previa 939/07 donde los ex dirigentes denunciaban, esta vez, a sus sucesores. Dicha acción llevó a que varios militantes –simpatizantes todos ellos de la causa de Miguel Ángel Chico- pidieran la destitución del ex diputado federal y ex dirigente político en sendas cartas que publicaron en los diarios.
Durante ese proceso, Wintilo Vega Murillo renunció al PRI en noviembre de 2008 y Alejandro Arias Ávila logró el respaldo del senador Francisco Arroyo Vieyra para salvar su proceso y mantenerse dentro de las filas del tricolor.
Hoy Arias Ávila encabeza la dirigencia estatal del Movimiento Territorial del PRI, el brazo más fuerte y organizado de ese partido político en Guanajuato, mientras de Arroyo Vieyra busca la candidatura de su partido al gobierno estatal.
A más de 11 meses que el PRI inicie con su proceso interno para definir a su candidato al gobierno estatal, al cual acudirán Miguel Ángel Chico Herrera y Francisco Arroyo Vieyra, la investigación sobre malversación de fondos públicos en el PRI se atiza con fuelle interno, esta vez se habrían encontrado visos de que prospere una sanción penal que podría descomponer el escenario de reconciliación que pretende la dirigencia de José Luis González Uribe.
