León Gto. El gobernador Miguel Márquez Márquez afirmó que si no se han fincado reponsabilidades penales en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, es por que no se ha acreditado como tal. Por lo pronto, adelantó que ya se analiza ceder el control del plantel de la Ciudad de los Niños en Salamanca, pues ya se ha concluido con su remodelación.
En las cinco causas penales que se iniciaron tras darse a conocer el caso a través de la sentencia de una juez federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato inició carpetas de investigación por los delitos en contra de la filiación y el estado civil, violencia familiar, abusos sexuales, privación de la libertad y violación.
Sin embargo, no fincó responsabilidad en contra Gutiérrez Farías como su director. Sólo hay una sentencia y es contra la religiosa que quemó las manos de una niña, la cual sigue su caso bajo procedimiento abreviado.
El pasado 31 de agosto, Pedro Gutiérrez Farías regresó a la escena pública a través de su abogado José de Jesús Centeno Carrillo, quien se acreditó como representante legal del clérigo y apoderado del inmueble. Este advirtió que busca recuperar el inmueble de la Ciudad de los Niños y reabrirlo.
Ese día se presentó en el inmueble, argumentando que presuntamente el DIF Estatal le entregaría la posesión, sin embargo la entrega no se llevó a cabo: “hoy se pensaba eso (la entrega) por parte del DIF, pero hay nueva fecha, indicaciones y vamos a esperar un poco”, aseguró.
Centeno Carrillo explicó que resulta innecesario que el DIF siga con el inmueble, “se quedó que estaría bajo custodia porque estaba un grupo de menores, ya no hay ninguno en el inmueble, no tiene caso que esté bajo el resguardo. Esa fue unas de las condiciones”.
Por su parte, el Sistema DIF Estatal dijo que para que funcione otra vez deberán cumplir con las medidas y reglamentos que en un principio no cumplieron, de otra forma no funcionará; no obstante que no hay fecha para regresar el inmueble y que ningún niño volverá al lugar. Incluso niega que haya destrozos en instalaciones a su cargo.
Desde las primeros avances del caso, fuentes al interior del gobierno estatal indicaron que el sacerdote buscó directamente al gobernador Miguel Márquez para abordar su caso. Sin haber podido confirmar reunión alguna, el mandatario estatal afirmó que su administración ha cumplido las medidas de protección ordenadas en el caso.
“Los niños, que es la principal salvaguarda que tenemos que llevar a cabo, así lo establece la ley, la hemos cumplido; están en un albergue totalmente nuevo, algunos ya han regresado con sus familias, se ha estado trabajando en ello, ya se concluyó el albergue que estaba en la Ciudad de los Niños en Salamanca”.
No obstante, admitió que “ya se está viendo que ese predio dejarlo y que no esté bajo nuestro cuidado o custodia”, aunque no precisó si se entregará al sacerdote como lo afirmó su representante legal.
-¿Porqué no se fincan responsabilidades al padre?, se le preguntó directamente a Márquez.
“Por que al final del día si no las tiene como tal, o si no han concluído las averiguaciones, bueno, le dará mucha…”
-¿No hay encubrimiento por parte del gobierno del estado?
“No, para nada, para nada”.
-¿Se ha reunido con él o él lo ha buscado?
“No, ni me he reunido, ni me ha buscado. Es un asunto de naturaleza jurídica. Si requiere más información el procurador se la puede dar”.
Apenas ayer, organizaciones defensoras de menores de edad anunciaron que ya solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Papa Francisco, al presidente de México y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que atiendan el caso Ciudad de los Niños, por la impunidad que persiste y el poco trabajo realizado por el gobierno de Guanajuato.
El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, recordó que desde hace más de un año han estado solicitando que se investigue lo sucedido en la Ciudad de los Niños y denunció que hay complicidad por parte del gobierno estatal encabezado por Miguel Márquez con apoyo del secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera y del procurador, Carlos Zamarripa.
