San Miguel Allende, Gto. Abogados de la familia de Leonardo Reyes, el joven migrante abatido en San Miguel de Allende, informaron que están solicitando que el Consulado de Estados Unidos en México pueda intervenir para garantizar que se investigue y esclarezca adecuadamente este homicidio.
Asimismo, lamentaron que la Comisionada de Seguridad Ciudadana, Sophia Huett se haya pronunciado sobre la criminalización del joven, sin pretender ver otra parte, más que un informe brindado por la Policía Estatal.
La madrugada del pasado jueves, Leonardo de 23 años (quien había llegado a tierras guanajuatenses apenas el domingo anterior) fue abatido en las inmediaciones de la comunidad San Damián, en el camino que conduce a Corralejo de Abajo. Había salido de la casa de sus familiares para buscar un lugar que tuviera cobertura de internet.
Los abogados de la firma legal ‘Ornelas y Padierna Asociados’, mencionaron que pedirán que el gobierno de los Estados Unidos pueda inferir en los esclarecimientos de los hechos, y que incluso, el día de ayer algunos familiares de Leonardo se presentaron en las oficinas del consulado norteamericano con sede en esta ciudad.
Esta intervención la solicitan, considerando que el padre de Leonardo es ciudadano americano, y su madre residente en aquel país, como lo era Leonardo.
Hasta el momento, los padres de Leonardo no recibieron una respuesta positiva a su reclamo de apoyo por el personal del consulado, donde sólo les comentaron que elaborarían un reporte y que los consejeros jurídicos prepararían un documento especificando los hechos para solicitar a la Embajada de Estados Unidos su apoyo y colaboración para con el fallecido y sus familiares.
Los abogados también puntualizaron que Leonardo llevaba una forma de vivir honesta en Estados Unidos, y que esta puede ser visiblemente comprobable.
También enfatizaron que las declaraciones vertidas en entrevista con los medios el pasado día viernes, sobre la muerte de Leonardo Reyes; no abonan a la procuración de justicia imparcial, ya que se señala al joven como un criminal, basándose únicamente en el reporte de una dependencia y sin abrir la posibilidad de investigar todas las aristas del tema.
Por esta razón, consideraron que la función de Sophia Huett debería ser vigilar por el bienestar de los ciudadanos y no ‘proteger al estado’.
Los defensores del caso de Leonardo mencionaron que, hasta el momento, todavía ningún policía estatal involucrado ha sido requerido para rendir su declaración en el Ministerio Público; por lo que consideran que únicamente se ha tomado en cuenta la primera versión señalada por los policías.
Señalan que hay testigos, que han estado vertiendo información constada por ellos, en el lugar de los hechos y que difiere sustancialmente con el único boletín emitido por la Secretaria de Seguridad Publica del Estado.
Precisan que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) tendrá que precisar, de igual manera, cómo acontecieron los hechos y brinde la protección necesaria para que la investigación de los hechos se genere con una revisión precisa en la información que contienen los testigos.
