El Informe Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los acontecimientos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, y en el que murieron seis personas y desaparecieron los 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Isidro Burgos García”; derrumbó la “Verdad histórica”, que argumentó la Procuraduría General de la República en sus conclusiones sobre la investigación de este hecho.
La principal argumentación a la que llegó el GIEI en esta primera parte de su investigación, es que resulta imposible que los jóvenes fueran incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero.
El Grupo de Expertos resaltó las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados por la PGR para una investigación de esta naturaleza, por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.
De tal manera que, para los especialistas, los estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y en su opinión las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en el informe.
Otra de las inconsistencias halladas por los investigadores es la referencia a la existencia de un quinto autobús de la línea Estrella Roja (el No. 1531) en el que se transportaba un grupo de normalistas ahora desaparecidos, sobre el cual no se alude en la investigación oficial, pero existen videos en el que aparece.
Los expertos presumen que en este autobús, tomado al azar por los estudiantes en la central de autobuses de Iguala, pudo haber droga y ello explicaría la brutalidad con la que fueron atacados los normalistas.
En el informe se demanda abrir una línea de investigación sobre el trasiego de droga en autobuses de las líneas involucradas en los acontecimientos, que hasta el momento no ha sido abordada por la PGR; aunque sobre esta práctica hay antecedentes en poder de agencias de inteligencia de Estados Unidos, antes de los lamentables hechos de Iguala, como parte de investigaciones que han realizado sobre las actividades del crimen organizado en la región.
Para el GIEI todas estas circunstancias y hallazgos muestran tanto los déficits en la investigación como las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos, que es aún incierto.
A juicio de los expertos, debería hacerse un replanteamiento general de la investigación que sobre estos hechos ha realizado la Procuraduría hasta el momento, en función de los resultados del informe.
De tal manera que, a partir de las conclusiones de los expertos, es posible deducir que los estudiantes de Ayotizanapa se vieron involucrados involuntariamente, y se convirtieron en víctimas, de la disputa que enfrenta a grupos del crimen organizado por el control de la región y el trasiego de drogas.
El informe del GIEI desnuda muchas dudas que hasta el momento la investigación realizada por la PGR no ha abordado o sobre las que no ha dado respuestas creíbles, resaltan entre ellas las preguntas de ¿quién envió a los estudiantes a Iguala?, ¿quiénes los agredieron?, ¿cuál es el móvil de la brutal agresión y de la desaparición de los 43 normalistas y de sus presuntos asesinatos?
¿Cuál fue el rol que jugaron la noche de los acontecimientos los elementos del Ejército y de la Policía Federal, algunos de los cuales estuvieron en el lugar de los hechos vestidos de civil?, ¿estaban estas corporaciones enteradas de las fosas clandestinas con múltiples cuerpos que aparecieron en la región después de los hechos de Iguala?, ¿por qué razón no se ha abierto una línea de investigación sobre el trasiego de drogas en los autobuses de las líneas de transporte involucradas?
Las conclusiones y las inconsistencias halladas tanto en el informe del Grupo de Expertos, avalado ya por la Organización de Estados Americanos (OEA), como el que ya había sido presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las dudas planteadas por los padres de familia y la sociedad mexicana en general; deberían obligar al gobierno federal a reabrir la investigación sobre los acontecimientos en Iguala y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos para esclarecer los hechos a fondo y deslindar responsabilidades de todos los involucrados, sean estos civiles o funcionarios públicos, sin importar el cargo que estos últimos tengan o hayan tenido.
Una encuesta publicada por Parametría el viernes 11 de septiembre, arrojó que seis de cada diez mexicanos no considera cierta la versión de la Procuraduría General, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, contra 36 % de los entrevistados que sí cree dicha investigación.
Según esta firma encuestadora, un dato importante es que con el tiempo se ha incrementado el número de personas que desconfían de los datos proporcionados por el entonces procurador. Mientras que en noviembre de 2014 el 54 % no creía en la versión otorgada, para febrero de 2015 ese porcentaje llegó a 68 %, es decir, 14 puntos porcentuales más, y en agosto de 2015 se ubicó en 64 %.
El asesinato de los 43 normalistas debe ser considerado un crimen de lesa humanidad y de desaparición forzada por el involucramiento de funcionarios públicos y de instituciones del Estado mexicano.
Y en ese sentido debería replantearse la investigación en dos vertientes: crear una fiscalía autónoma, con todo el respaldo institucional y de recursos, que retome la investigación; así como concentrar todos los expedientes y las evidencias en una sola Averiguación Previa, que hasta el momento están dispersos, como lo plantea el Grupo de Expertos.
En mi opinión, el gobierno federal tomó una decisión política, que incluye la llamada “Verdad histórica”, para no responder con claridad y objetividad a todas las interrogantes planteadas en torno a los acontecimientos del 26 al 27 de septiembre de 2014, los seis asesinatos y la desaparición de los normalistas.
Como ha quedado claro, la “Verdad histórica” no es el resultado objetivo de lo que arrojaron las investigaciones, en todo caso son verdades a medias que tendrían que ser revisadas con toda puntualidad si realmente se quiere hacer justicia, castigar a los verdaderos responsables de los hechos y encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos.
