Con los cambios cosméticos en su gabinete, anunciados días antes de entregar su Tercer Informe al Congreso General, Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de reorientar el gobierno que, apenas a la mitad de su mandato, está sumido en una profunda crisis de credibilidad y confianza.
La decisión está enfocada en afianzar el control político del Ejecutivo Federal frente a los próximos comicios estatales.
Lo refleja el hecho de que mantiene en sus respectivos cargos a los responsables de las políticas públicas en materia de economía y seguridad, las que peores resultados han observado y que, junto con los escándalos de corrupción, han provocado el desplome de la imagen del gobierno en turno.
De acuerdo con una encuesta que llevó a cabo el Grupo Reforma a finales de julio, sólo el 34 por ciento de los ciudadanos manifestó aprobar la forma en que Peña Nieto lleva las riendas del país. Dos de cada tres mexicanos encuentran su desempeño decepcionante, otorgándole una calificación de apenas 4.7, cifra que cae al 3.3 cuando los encuestados son líderes de opinión (La Jornada, 13 de agosto de 2015).
Esta baja percepción, nunca obtenida por gobierno alguno, se explica en parte por los problemas que enfrenta la economía nacional que han aumentado la pobreza y la desigualdad de más de la mitad de los mexicanos.
Así como a partir del incremento de la inseguridad, la fuga de “El Chapo”, la violación de los derechos humanos y la expansión de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado; que han provocado miles de víctimas y mantienen en la zozobra a gran parte de la población.
Respecto a la economía nacional, a pesar del argumento presidencial en el sentido de que “hay otros países del mundo a los que les ha ido peor”, en el complejo entorno mundial; lo cierto es que la fragilidad de la misma ha sido causada particularmente por la errónea política económica de la presente administración priísta.
Cuando Enrique Peña Nieto inició su mandato, el Producto Interno Bruto mantenía un crecimiento de 3.9 por ciento; en menos de tres años, la estabilidad económica del país se le fue de las manos. Según el reciente ajuste del Banco de México, que podría no ser el último, este año el PIB apenas crecerá 2.1 en promedio.
En tanto, la deuda interna asciende a 4.4 billones de pesos y sigue creciendo; mientras que la deuda externa pública llegó a 158 mil millones de dólares.
De diciembre de 2014 a la fecha, el Banco de México ha subastado nueve mil 102 millones de dólares, supuestamente para inyectar liquidez al mercado de divisas, frenar el encarecimiento del dólar y detener la caída del peso.
Sin embargo, los principales beneficiarios de las subastas han sido algunos grandes bancos y corporativos empresariales que han estado haciendo negocio con la compra de estos miles de millones de dólares de la reserva monetaria nacional; sin que las autoridades hacendarias y financieras frenen la especulación.
El gobierno debe cambiar el perfil de su política económica y sus instrumentos deben ser mucho más activos, contener una política fiscal y monetaria más participativa en la economía real, fortalecer el mercado interno e instrumentar urgentemente una política industrial y de desarrollo regional consistentes, así como regular eficientemente los mercados.
El reto y el compromiso del Estado debe ser crecer y mejorar los niveles de bienestar, no sólo procurar una estabilidad macroeconómica que tiene más de 30 años sin dar los resultados esperados en términos de crecimiento económico e imponiendo un costo social creciente.
Por otra parte, el fracaso de la política en materia de seguridad pública se percibe en los asesinatos de Tlatlaya, de los 43 normalistas y de Tanhuato; en la impunidad que los rodea y en la falta de credibilidad de las investigaciones que ha llevado a cabo el gobierno para presuntamente esclarecerlos.
Estos y otros casos reflejan la grave vulnerabilidad de las instituciones de seguridad, que deriva de la implementación de una fallida política de seguridad y procuración de justicia y que pone en riesgo no sólo la vida de nuestros conciudadanos sino también la viabilidad misma del Estado Mexicano; al caracterizarlo como ineficiente, ineficaz y violador de derechos humanos.
Bajo este escenario, es válido afirmar que en los tres años que restan a esta administración, se perfila más de lo mismo.
Con una percepción tan pobre del gobierno, es claro que los ciudadanos esperaban cambios más audaces para atender con prontitud y eficacia las diversas emergencias nacionales.
No hubo una visión de Estado que permitiera construir un gabinete plural, con la participación de los diferentes actores sociales y de personalidades de capacidad y honestidad probada; que pudieran ayudar a la elaboración de mejores políticas públicas para enfrentar de mejor manera los problemas de nuestro país.
Realizar los cambios con personajes cercanos al círculo presidencial y al PRI, con la imagen de Peña Nieto tan deteriorada y cuando éste partido apenas ganó con el tercio mayor de la votación en las recientes elecciones intermedias; es no entender qué es lo que está pasando en México y no dar pasos atrevidos ni sentar las bases para lo que debiera ser un gobierno de coalición.
