Guerrero Agripino, decidir contra la pared
- El caso Kala en la Universidad de Guanajuato ha marcado un precedente: primero porque se evidenció la falta de protocolos para atender casos de violencia de género, segundo porque refleja la omisión (intencional o no) de la Rectoría General para conservar a un cercano colaborador de Luis Felipe Guerrero Agripino.
- A raíz de la denuncia presentada por una becaria en contra del especialista en criminología, Julio César Kala, la UG se vio obligada a reconocer públicamente, en más de una ocasión, la falta de una estrategia integral para atender la violencia de la que pueden ser víctimas alumnas, profesoras, directivas y el resto del personal de la institución.
- Así es, la prestigiada Universidad de Guanajuato no se había tomado en serio la elaboración de los protocolos y la implementación de programas preventivos, sobre todo si se toma en cuenta que en la UG hay especialistas en los temas de género.
- Contra la pared, después de que se conociera el caso a través de la prensa y la movilización estudiantil, ahora Luis Felipe Guerrero ofrece una conferencia de prensa donde asegura que un plazo no mayor a los dos meses quedará lista la estrategia.
- El caso Kala también orilló a la UG a retomar la revisión del régimen de procedimientos y sanciones, que había quedado suspendido desde mayo del 2015, pero que a tres meses de que llegó Luis Felipe Guerrero no había sido retomado.
- En cuanto a la omisión de las autoridades universitarias para actuar de inmediato, habrá que esperar los resultados que dé la Universidad de Guanajuato, porque hasta que el caso no brotó públicamente no se habían tomado acciones para investigar la acusación en contra de quien es un asesor y cercano colaborador del rector general.
- Los compromisos hechos por Guerrero Agripino con la comunidad de la UG da para seguir paso a paso los avances que tenga la máxima casa de estudios de Guanajuato en el tema de la violencia contra las mujeres.
Carlos Medina, ‘ciudadano’ cuando le conviene
- Ayer el debate sobre la Ley de Movilidad, o mejor conocida como ‘Ley Anti-Uber’, llegó a la comisión de gobierno del ayuntamiento leonés, donde los señalamientos de los regidores y síndicos coincidieron en que la iniciativa contempla muchos requisitos que rayan en lo absurdo.
- El más crítico fue Carlos Medina Plascencia, quien reiteró que la ley debe estar dirigida a beneficiar a los ciudadanos, y no a coartar su libertad de elegir qué servicio elegir; que sean las propias leyes naturales del mercado las que rijan la competencia, vaya. Y como en ese caso, todas las políticas públicas deben estar elaboradas teniendo al ciudadano como eje central, remató el síndico.
- Llama la atención que mientras el exgobernador enarbola un discurso de ciudadanizar la política, parece que el chip cambia y retrocede unos cuántos lustros cuando es cuestionado sobre temas espinosos como su no tan añeja relación con Red Recolector.
- Resulta que la empresa regiomontana es acusada en San Luis Potosí por diversas “irregularidades” millonarias, por lo que el Municipio decidió dejar de pagarle, a lo que Red Recolector reaccionó suspendiendo el servicio. Sin embargo, hay un detalle interesante: el director de comunicación social de aquella ciudad informó que Carlos Medina participó en las gestiones previas a que el Gobierno contratara a la citada empresa.
- Ello cobra relevancia porque durante el trienio de Bárbara Botello, como es ya bien sabido, Red Recolector recibió un jugoso y favorable contrato para recoger la basura en León hasta el 2034. Y aunque Medina haya negado haber operado en favor de esta empresa, la sospecha de que él fue gestor entre el Gobierno de León y Red Recolector, siempre ha estado presente.
- ¿Querrá Medina mantener su postura ciudadana en este tema y explicar, pruebas en mano si es posible, cuáles fueron los vínculos que tuvo con Red u optará por usar la estrategia del avestruz?
Caja Progresa, y la intermediación de Antonio Salvador
- La terrible gestión política emprendida por el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López rindió sus frutos. El gobierno estatal ya no solo es señalado como el subsidiario del fraude de Caja Progresa, es ahora el causante de una enorme decepción ciudadana salpicando a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
- El Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (mejor conocido como Fipago), se encuentra en medio del descrédito provocado por la deficiente intervención de la Secretaría de Gobierno en el pasado.
- Ayer, alrededor de 50 defraudados esperaba ansioso la indemnización por parte de Fipago. Recibieron la grosera cantidad de 450 pesos.
- Para ese ya nutrido grupo de afectados, la respuesta era obvia. La cooperativa prácticamente habría rasurado las cuentas de sus exsocios, por supuesto, en contubernio con el gobierno estatal que finalmente se confirmó a través de Fipago.
- Cierto o falso, el hecho remitió automáticamente a la reunión que Antonio Salvador sostuvo en lo privado con Lidia Arvizu, dueña de Caja Progresa. Un hecho que quedó rememorado como prueba de la complicidad que presumía la empresaria.
- Con la falta de oficio que significó no atender la queja directa de los afectados -comenzando la negociación con el señalado-, marcó para siempre la capacidad de intermediación y muestra un punto flaco del gobierno de Miguel Márquez Márquez.
- Desde el tardío derecho de audiencia, la contratación del ente auditor, hasta la devolución de los ahorros, el papel de la Secretaria de Gobierno mantuvo un papel distante de los defraudados; quedó asentado el obús de García López contra la vocera del grupo, Maricarmen Soria, al aseverar que ella solicitaba tratos preferenciales.
- Desgraciadamente, el caso Caja Progresa, aún dará más de qué hablar.
