León, Gto. Ha transcurrido un mes y permanecen las denuncias penales contra tres mujeres integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas ‘A tu Encuentro’, quienes fueron detenidas durante una protesta el pasado 10 de julio en Guanajuato capital.
Esto motivó un pronunciamiento público respaldado por 316 víctimas de violencia y familiares de personas desaparecidas, 59 colectivos de Familiares en Búsqueda, 40 organizaciones, colectivos y asociaciones, así como 127 activistas, personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, para exigir la no criminalización de la protesta y de las víctimas de la desaparición de personas.
Este llamado se hace público luego de las primeras jornadas de búsqueda conjunta, entre autoridades estatales y federales junto con familias, en la comunidad de Cupuato del municipio de Uriangato. La primera experiencia en su tipo, que para este colectivo reveló desorganización.
En el comunicado, las organizaciones recordaron que Verónica Durán, Olimpia Montoya y Karla Martínez son las tres mujeres que fueron violentadas y detenidas de forma arbitraria el pasado 10 de julio. Las tres forman parte del colectivo ‘A tu Encuentro’ conformado por 200 familias que marcharon para pedir una audiencia con el gobernador.
“Ante la protesta, el gobierno mandó a policías para reprimir a las víctimas. A Sandra Cervantes le dejaron una lesión de por vida y a Verónica, Olimpia y Karla las detuvieron arbitrariamente junto con otra activista y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, apuntaron.
Las integrantes de colectivo, denunciadas penalmente, estuvieron en los separos por cinco horas y después de su liberación, el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca advirtió en rueda de prensa que que su libertad no era absoluta, al afirmar que éstas lesionaron a los agentes estatales.
“Una semana después, el subsecretario de gobierno se comprometió a archivar de inmediato la carpeta de investigación, promesa que hasta la fecha no ha cumplido. A pesar de la exigencia de Karla, Olimpia y Verónica a la Fiscalía solicitando el no ejercicio de la acción penal, al no existir ningún elemento para que se les investigue, las carpetas de investigación aún están abiertas en su contra”.
Las organizaciones y defensores de Derechos Humanos que firmaron la postura advirtieron que el derecho a la protesta pacífica, a la petición de audiencia como víctimas, a la libre reunión, expresión y manifestación han sido vulnerados por un estado indolente cuya obligación original es protegerlos.
“Exigimos el cierre de las investigaciones injustamente iniciadas en contra de tres familiares de personas desaparecidas; el gobierno debe reparar el daño a las familias e investigar el abuso de la fuerza y las
detenciones arbitrarias”.
Búsqueda con reprogramaciones
Por su parte, el representante del colectivo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz, que acompaña al colectivo’ A Tu Encuentro’, señaló que en esta primera experiencia la Comisión Estatal de Búsqueda les reprogramó en cuatro ocasiones, además de que mostró su inconformidad por el desempeño de esta nueva dependencia.
“Nos cambiaron de días y de horarios cuatro veces en una sola semana. El llamado era a ya salir a buscar. El llamado era de ya ponernos a trabajar. Esta primera búsqueda, lo que hace es revelar la desorganización y la falta de una comisión estatal seria. Aún con toda la experiencia que pueda tener la Comisión Nacional de Búsqueda, hay muchas áreas que se tienen que atender”.
Finalmente, el defensor de derechos humanos puntualizó que es preciso definir los siguiente movimientos, pues hay focos rojos en el estado que han señalado las familias a las autoridades, para realizar las búsquedas lo más pronto posible.
“Creemos que esta búsqueda se utilizó para legitimar una Comisión Estatal de Búsqueda por que la necesitaba. Sin embargo no se obtuvo ese resultado, por que se busca en un lugar donde ya se había buscado. Donde si bien era necesario buscar, todavía hay muchísimo puntos más”.
De acuerdo con investigaciones que se realizan académicos del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como de la organización Data Cívica, al menos se han identificado 109 fosas clandestinas en 29 municipios durante los últimos diez años.
