Irapuato, Gto. La Fiscalía Estatal no atendió las solicitudes de la defensa para investigar las cuentas bancarias del sacerdote Gerardo Velázquez Solís y otros implicados en el caso de desfalco a la Diócesis de Irapuato; por lo que la juez, Yolanda Frausto, determinó que se cometió una omisión y e instó a la fiscalía a cumplir con la petición.
Esto luego de que el abogado defensor, Luis Martín López Guevara solicitó a la juez, intervenir para que el Ministerio Público apoye con los datos de prueba solicitados -en más de una ocasión- por la defensa y que consisten en girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investiga las tres cuentas de monseñor Gerardo Velázquez Solís.
También se solicitó investigar la cuenta del contador Rubén Reyes, quien habría recibido 400 mil pesos, según la inculpada, para trabajar una estrategia fiscal que evitaría una multa de 2 millones 809 mil pesos que tenía que pagar el padre Rubén Herrera Luna, ya que depositaba los ingresos de la catedral a su cuenta personal y no a la cuenta fiscal, estrategia descubierta por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Otra de las cuentas que se solicitó investigar es la de la empleada doméstica de Gerardo Velázquez Solís.
Peticiones a las cuales la Fiscalía dijo haber respondido con acuerdos donde menciona que desahogar estos datos de prueba por parte de la defensa, se traduciría en una dilación (retraso) que iría en prejuicio de la persona ofendida, en este caso, Velázquez Solís.
La juez hizo ver a los representantes de los ofendidos que el trabajo del Ministerio Público también era atender la solicitudes de los inculpados e intervenir para la obtención de datos de prueba a su favor, lo que nada perjudicaría la investigación que la Fiscalía por su cuenta lleva a cabo.
Les dijo que su argumento de dilación no estaba sustentado y que debían conducirse con objetividad, ya que -insistió- el Ministerio Público no puede rechazar datos de prueba.
Por lo anterior prosperó la petición hecha por la defensa para la investigación de las cuentas bancarias.
Al respecto, el abogado defensor Martín López Guevara dijo que el Poder Judicial actuó con estricto apego a la ley.
“Se hizo valer el derecho de mis representados para poder obtener datos de prueba para su defensa, así nos dio la razón la jueza” dijo.
Aclaró que las cuentas a investigar de monseñor suman un total de 8 millones de pesos en inversión y una más de un millón 200 a nombre de la empleada del sacerdote.
Con respecto a la postura de la juez que señaló por omisión al Ministerio Público, el abogado respondió:
“Desde agosto del 2017 se está impulsando este tipo de actos de investigación y a la fecha es que el Ministerio Público es omiso en general en el momento en que nosotros proponemos una teoría del caso para esclarecer los hechos y decir a donde fue el dinero y el Ministerio Público, creo que es un tema escabroso para ellos” agregó.
Hace unos días, Zona Franca dio a conocer que la Diócesis de Irapuato acusó a una exempleada por el desfalco de 18 millones de pesos; versión que ella desmintió y, por el contrario, señaló directamente a monseñor Gerardo Velázquez Solís y el presbítero Rubén Herrera Luna, como quienes tenían control total de las cuentas bancarias.
Posponen audiencia de formulación de imputación
A petición de la Fiscalía, la juez, Yolanda Fraustro aplazó la audiencia, mediante la cual se formularía imputación por el delito de robo contra la contadora Paloma, su esposo y su excompañero Román, quienes son acusados de un desfalco 18 millones de pesos.
Esto, luego de que las representantes de las Fiscalía, Leticia Arteaga y Erika Salgado con el apoyo del abogado de la Diócesis, Francisco Muñoz Mosqueda argumentaron necesitar tiempo para desarrollar datos de prueba y así formular la imputación contra los inculpados.
También argumentaron que se contaba con seis meses para una investigación complementaria en la que podrían atender esos datos de prueba.
Si bien la juez, Yolanda Frausto aceptó postergar la audiencia, lo hizo cuando la defensa no se opuso y es que mencionó que ese tipo de solicitudes se darían sólo por esta ocasión, pues enfatizó que los Juzgados de Oralidad tienen una agenda muy apretada.
Señaló a ambas fiscales, la importancia de contar con los elementos y datos de prueba suficientes para formular la imputación.
