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domingo, abril 28, 2024

Justicia para violencia familiar no alcanza ni el 2.5 por ciento en Guanajuato

Guanajuato, Gto. De las 35 mil 470 carpetas de investigación por violencia familiar que se han abierto en la entidad de 2021 a lo que va de 2023, solamente el 2.2 por ciento de los casos han llegado a una resolución judicial.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, con corte al 20 de septiembre, en la entidad se han abierto 10 mil 122 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representa un significativo aumento si se compara con los años anteriores.

Durante 2022, en total se abrieron 13 mil 724 carpetas de investigación por este delito, tres mil 602 más dentro de los primeros ocho meses de 2023, mientras que en 2021 se registraron 11 mil 624 denuncias.

Sin embargo, el margen de sanciones es demasiado bajo a comparación de las denuncias presentadas, pues solo el 2.2 por ciento obtienen a una sentencia en el Poder Judicial de Guanajuato.

De acuerdo con datos del Poder Judicial de la entidad, durante 2021 se registraron en total 331 sentencias, 277 en 2022 y de enero a agosto de 2023 únicamente 180 sentencias.

El artículo 221 del Código Penal de Guanajuato establece sanciones de uno a seis años de prisión, además la punibilidad prevista en este artículo se aplicará siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.

La sanción incrementará de dos a ocho años de prisión cuando se trate de lesiones que por lo menos tarden en sanar más de quince días, inferidas a una persona que por razón de su edad, discapacidad o cualquiera otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa.

De igual forma, el artículo 92 de la misma Ley establece que “Al responsable del delito de violencia familiar o de un delito cometido contra una persona con quien tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga, se le someterá a un tratamiento psicoterapéutico integral, para su reinserción”.

Cabe mencionar que con la reciente reforma “3 de 3” contra la violencia de género, las personas que tengan una sentencia firme por violencia familiar no podrán aspirar a un cargo de elección popular.

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